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El alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
Foto: Alcaldía de Medellín

El Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín admitió un recurso de tutela que interpusieron varios ciudadanos contra la Registraduría, al denunciar que sus firmas fueron suplantadas e incluidas en las planillas del comité de revocatoria del alcalde Daniel Quintero. 

Los accionantes invocaron la violación a los “derechos humanos fundamentales a la libre participación del ejercicio político, buen nombre y habeas data”.

Los doce ciudadanos solicitaron que se dicte una medida cautelar urgente, en la que se 'ordene la suspensión, provisional de la revocatoria de Quintero Calle'.

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Aseguraron que no diligenciaron, autorizaron, ni firmaron ningún documento en apoyo a este proceso. Incluyeron el informe presentado en la Registraduría, en el que aparecen sus nombres y sus números de cédulas en diferentes tomos y folios de las planillas.

En diálogo con RCN Radio, Alfonso Portela, abogado defensor del alcalde Daniel Quintero, dijo que solicitó a la Registraduría dos semanas para poder avanzar en la revisión de las firmas. 

"En un proceso de recolección de firmas se está expuesto a que se presenten estas anomalías. La experiencia nos ha demostrado que en un proceso de recolección de firmas, llámese revocatoria, referendo e inscripción de candidaturas, los promedios en la recolección efectiva son muy bajos. Suele tener unos porcentajes bastante altos de firmas que no corresponden o no llenan los requisitos de ley", señaló.

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La Registraduría validó 133.248 firmas de las 91.211 que se requerían. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, habilitó un link para que las personas ingresaran su número de cédula y verificaran si su documento fue o no incluido en las planillas de la revocatoria.

En un periodo de 24 horas, el mandatario afirmó que 3.000 personas denunciaron irregularidades.

En el auto, el juzgado le solicitó a la Registraduría pronunciarse respecto a la solicitud de aclaración y revisión por parte de los ciudadanos, por la presunta vulneración de derechos constitucionales.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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