Alcaldía habría archivado investigación sobre víctimas de la Comuna 13

La Alcaldía de Medellín tiene tres días para presentar el informe que se habría contratado hace ocho años, durante la administración de Alonso Salazar, en relación a lo que ocurrió en la Comuna 13 durante la Operación Orión.

Dicha investigación salió a la luz durante la audiencia pública que se realizó, entre miércoles y jueves, en el Palacio de Justicia de Medellín. 
 
La abogada María Victoria Fallón Morales, en representación de las víctimas, entregó la información a los magistrados de la sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, con la esperanza de que, a diferencia de hace ocho años, el contenido implique nuevas decisiones. 

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Fallón Molares indicó que la investigación de un grupo de la Universidad de Antioquia fue construida a partir de entrevistas con victimarios, “donde se les garantizó la reserva de identidad, lo que posibilitó que los propios perpetradores pudieran dar información que no daban a entes judiciales, porque quedaban encausados”. 
 
Durante las entrevistas se identificaron, según María Victoria Fallón, dos posibles puntos de entierro y una casa de torturas, de la que incluso alcanzó a salir una persona con vida.

En el consolidado se registran “156 desaparecidos en la Comuna 13 (...) el pico más alto fue durante 2002 y 2003 que es donde se reporta el 70 % de los casos”.

Bajo el argumento de que se trataba de un documento de reserva, la Alcaldía no entregó los resultados a las víctimas, quienes intentaron acceder a la información por medios legales.

Según la abogada Fallón, “entutelamos y en primera y segunda instancia la Alcaldía se opuso y los jueces les dieron la razón”. 
 
Fue un funcionario de la administración de Alonso Salazar quien filtró el archivo con el compromiso de que se preservara su identidad.

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Ocho años después, durante el trámite en el que se pretendía recolectar información para tomar medidas cautelares sobre la Escombrera, María Victoria Fallón entregó el archivo. 

La magistratura le pidió a la actual administración que entregue los comprobantes del contrato bajo el cual se pidió la investigación. Además se estudiarán los datos allí consignados para determinar su importancia dentro de la determinación de cerrar o no La Escombrera.