Cambiaron a magistrado que investiga financiación de revocatoria del alcalde Daniel Quintero
El Consejo Nacional Electoral (CNE), también reprogramó la audiencia pública para el próximo 2 de febrero.
En un nuevo auto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció varios cambios relacionados con la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, entre ellos al magistrado César Abreu, quien investigaba supuestas irregularidades en la financiación del polémico proceso.
Según la autoridad electoral, quedó a cargo el magistrado Renato Rafael Contreras, quien ahora asumirá dicha investigación tras los cuestionamientos de otros jueces por la decisión del magistrado Abreu de suspender temporalmente dicho proceso.
El concejal de Medellín y promotor de la revocatoria, Julio González Villa, aseguró que los cambios se dieron por el debate que ocasionó la decisión del magistrado Abreu, pues violó el principio de inocencia al no presentar las pruebas sobre las presuntas irregularidades en el tope electoral de la revocatoria.
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"Hay debate porque Abreu violó el principio de inocencia, el principio de la carga de las pruebas, pues si alguien acusa tiene que probar que hubo irregularidades y hasta ahora no hay ninguna prueba de violación de topes electorales. Se cumplió con el tope máximo que establece el Consejo Nacional Electoral", dijo.
Finalmente, el concejal González Villa dijo que por la rotación de magistrados fue reprogramada la audiencia prevista para el 26 de enero y ahora se realizará el 2 de febrero cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) escuchará los argumentos del comité de la revocatoria.
¿Fundaciones falsas?
Tras conocerse la decisión del CNE, de suspender de manera temporal la revocatoria, el alcalde Quintero aseguró que reúne las pruebas para demostrar que dicho proceso "sí es fraudulento”.
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Aseguró que conoció que hay fundaciones que fueron creadas sin patrimonio, por los mismos dueños de la revocatoria para poder financiar la recolección de firmas.
Según se conoció en su momento, el auto habría sido motivado por una denuncia asociada al pago de 1.500 millones de pesos a un abogado, que deberá de ser investigada antes de que se emita la certificación.
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