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COMUNIDAD DE PAZ SAN JOSÉ DE APARTADÓ
Militares e integrantes de las AUC asesinaron en febrero de 2005 a ocho personas, entre ellas tres menores de edad.
Colprensa

En el marco del estudio que hace la Corte Constitucional a una tutela contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en Antioquia, cerca de 40 organizaciones, entre nacionales e internacionales, pidieron proteger los derechos a la libre expresión de esa comunidad y anular ese fallo de tutela. 

La tutela fue interpuesta por el coronel Carlos Alberto Padilla, en su calidad de comandante de la Décimo Séptima Brigada del Ejército Nacional, y tiene sus raíces en publicaciones del 2018 en las que la Comunidad de Paz señaló a la brigada de “actuar en complicidad con organizaciones al margen de la ley”, puntualmente con los paramilitares.

La Comunidad de Paz se creó hace un poco más de 20 años para proteger los Derechos Humanos de los campesinos que quedaron en medio de la violencia protagonizada por paramilitares y las guerrillas desde 1997. 

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En primera y segunda instancia la justicia le dio la razón al coronel, incluso el año pasado, una sala de tutelas de la misma Corte concluyó que la Comunidad de Paz sí violó los derechos al buen nombre y honra de la brigada y le ordenó retractarse.

“Se reprocha que la demandada, al amparo de la manifestación de estar haciendo una denuncia pública, presente de manera asertiva y reiterada hechos, que sin individualizar ni precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar, transmiten la idea de que se encuentra plenamente establecida la complicidad y aquiescencia de la accionante con estructuras paramilitares”, se lee en esa sentencia del año pasado.

Organizaciones como Colombia Human Rights Committee en Washington sostienen que, de no anular esa sentencia, se limitaría el ejercicio de la libre expresión frente a violaciones de Derechos Humanos.

También advierten que se “dejaría al libre albedrio las actuaciones de miembros de las Fuerzas Armadas, que sin vigilancia y con la protección de su derecho a la reputación, silenciaría el derecho que tiene la comunidad de expresarse en futuras violaciones de Derechos Humanos”.

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Por su parte la Red Internacional de Derechos Humanos (Ridh) con sede en Ginebra (Suiza) le dijo a la Corte que “solicitar a la Comunidad que se abstenga de publicar denuncias contra funcionarios públicos sin que los hechos hayan sido previamente probados en sede judicial, es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos”.

Además, advierten que “priorizar el derecho al honor y reputación de funcionarios públicos por sobre su capacidad de denunciar públicamente las violaciones sufridas, resulta en revictimización de la comunidad campesina y en instrumento de silenciamiento”.

En medio del estudio que está haciendo la Corte también se recibieron escritos de la Escuela de Derecho de la Universidad Queen Mary, la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Universidad de Valencia y David Kaye, relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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