La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por el asesinato de Ana Teresa Yarce, y por la detención ilegal y arbitraria de mujeres líderes y  defensoras de derechos humanos de la comuna 13 de Medellín. Esta condena se refiere al caso de cinco defensoras de derechos humanos que fueron señaladas como colaboradoras de la guerrilla, situación por la que fueron detenidas y liberadas nueve días después sin una prueba suficiente de su presunta colaboración. En el 2004, Ana Teresa Yarce fue asesinada. De acuerdo con el organismo internacional, a pesar de haberse interpuesto diversas denuncias sobre su situación de riesgo, el Estado no implementó las medidas necesarias para salvaguardar su vida. (Puede leer: Mañana se cumplen 13 años de la Operación Orión en la Comuna 13) Todos estos hechos enmarcados en una" época negra" para la comuna 13 en la que se realizaron diferentes operativos militares que hoy son cuestionados, así lo aseguró James Zuluaga es el director de la Mesa de Derechos humanos de la 13. "Entre el 2002 y el 2004 nos convertimos en la primera comuna del país con mayores falsos positivos. Había personas detenidas sin justa causa, las asesinaban y desaparecían. Tenemos la fosa común urbana más grande del país y todavía no han encontrado ningún resto", señaló el líder. El Estado también fue condenado por no haber adoptado medidas necesarias para atender la situación de desplazamiento de las defensoras de derechos humanos, y por violar las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial. James Zuluaga aseguró que esta sentencia es un paso hacia la reparación es necesario un acto de perdón público por parte de los mandatarios de turno que estuvieron relacionados entre otras con la operación orión. La Corte Interamericana DH indicó que las otras cuatro defensoras y sus familiares se vieron forzadas a desplazarse de su lugar de residencia, frente a lo que el Estado no adoptó las medidas suficientes de asistencia ni posibilitó un retorno voluntario y seguro. (Puede leer: Hace 14 años fue la operación Mariscal en la comuna 13 de Medellín. Hoy habrá una acto de memoria) Así las cosas, la Corte determinó que el Estado violó los derechos de circulación, de residencia e integridad personal de estas personas, así como la violación al derecho a la protección de la familia respecto a quienes sufrieron separación familiar a causa del desplazamiento.