En una carta enviada al Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana por el riesgo inminente de los derechos humanos y la integridad para unas 600 familias de once veredas del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, donde ya más de 380 pobladores abandonaron sus viviendas.

La preocupación de la entidad es por los hostigamientos que sufren más de 1.800 personas por la disputa incesante entre las Autodefensas Gaitanistas y la guerrilla del ELN por la minería ilegal y las rutas del narcotráfico, que hay en límites de Antioquia y el sur de Córdoba.

Para Óscar Yesid Zapata, integrante de la organización de derechos humanos Nodo Antioquia, lo más inquietante es que estos grupos armados se movilizan con facilidad por toda esa zona, donde hay una ausencia del Estado.

La Defensoría confirmó que al menos 30 hombres con armas largas han transitado por la zona rural del Bajo Cauca, donde ya han sido asesinadas dos personas en el inicio de este año.

En esa zona también han circulado en la última semana unos panfletos amenazantes, suscritos por el Comando Virgilio Peral de las Autodenfensas. Por lo que se reclama con urgencia la intervención efectiva de Gobierno Nacional y la Fuerza Pública.