El controvertido contrato de chatarrización firmado por la Alcaldía de Medellín
Las denuncias hasta por un presunto detrimento ya están en poder de los organismos de control.
Un millonario contrato en la Alcaldía de Medellín, esta vez para la chatarrización de cerca de 6.400 vehículos, entre motocicletas y carros, ha generado denuncias sobre supuestas irregularidades y hasta presuntas pérdidas por más de $30 mil millones para el Estado.
Con un proceso de selección abreviado adjudicado el pasado 22 abril, se busca la desintegración de vehículos que han sido inmovilizados por diferentes razones en la ciudad de Medellín y que cumplieron varias características para ser chatarrizados.
En este tipo de actividades participan las empresas interesadas en comprar los vehículos que, luego de desintegrarlos, son vendidos como la chatarra y otros elementos como metales y plásticos.
De acuerdo con el mercado en Colombia, aunque varía constantemente, el precio de la chatarra ronda los $1.000 por kilo.
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La particularidad del contrato adjudicado por la Alcaldía de Medellín es que el contratista que ganó, además de ser también uno de los que hizo parte de los estudios de mercado al enviar una cotización, finalmente resultó ganador y pagará $98 por kilo de chatarra.
¿Se pudo haber recuperado más dinero?
Alberto Rojo es el representante legal de la firma ‘Merl SAS’ que también participo en el proceso, pero fue descalificada porque, según el Comité encargado de revisar los requisitos técnicos, no cumplió con los requerimientos.
Lo que dice es que cuando la Alcaldía de Medellín reciba los $98 por cada kilo de chatarra, en comparación con los $1.000 que puede costar en el mercado, estará perdiendo dinero.
Rojo asegura que, “hay un detrimento patrimonial para la secretaría de movilidad y la Alcaldía de Medellín que está por encima de los 40 mil millones de pesos”.
Otra irregularidad, según el mismo denunciante, es que entre las condiciones técnicas para adjudicar el contrato no solo se pidió maquinaria que no se usa en el proceso de chatarrización, sino que además la firma que ganó el contrato no cuenta con este tipo de elementos.
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“Ellos dentro del pliego técnico establecen una serie de equipos que no son legales dentro del proceso de desintegración y que ellos insisten en la eficiencia operativa la cual no está representada ni siquiera en las normas de desintegración y no hay ningún estudio técnico, nacional o internacional que avale ese concepto técnico de la entidad”, agrega el representante de Merl SAS.
Un proceso de chatarrización con presuntas irregularidades
¿Qué dicen los representantes de la firma que ganó?
Rafael Naranjo es el representante de la empresa “Naranjo Recycling” que hace parte de la Unión Temporal a la que se le adjudicó el contrato. Argumenta por un lado que las condiciones en los contratos de chatarrización son diferentes y por eso los costos varían incluso con cifras bajas, como es este caso.
Naranjo señala que en un proceso anterior en la ciudad de Cali hizo un convenio hace varios años y no le cobraron nada e incluso que “hay muchas secretarías de movilidad que pagan por el servicio”.
En cuanto a la maquinaria que se solicitó y que certificó para ganar en el proceso, se ratifica en que cumple con las condiciones que son básicamente compactar y cortar los carros.
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“Esta máquina prensa y cizalla al mismo tiempo, lo que pasa es que la cualidad de ella más grande es que cizalla el metal, por ejemplo, usted le mete un carro, un vehículo y ella lo va picando y lo va compactando”, agrega el representante de Naranjo Recycling.
Sí hay beneficios para la administración local: Alcaldía de Medellín
En una respuesta enviada por la alcaldía para el caso de los precios, el argumento es que de todos modos la Alcaldía no gastará ningún recurso y por el contrario con la chatarrización disminuirá el gasto en el que incurren al pagar parqueadero, administración, custodia, además de evitar más daño ambiental.
“Ahorro de los costos anuales de más de $5'000.000.000 en pago de parqueaderos en los que se encuentran en custodia estos vehículos. Evitar la contratación de un nuevo predio que de acuerdo con los estudios realizados en el año 2021 representaba un costo en canon de arrendamiento por valor de $200.000.000 mensuales, es decir $2'400.000.000 al año, adicional a lo que ya se venía pagando. Esto ante la necesidad de resolver el problema de espacio para custodia de los vehículos inmovilizados pues en la actualidad se tiene una ocupación que supera el 100 % del espacio”, se señala a través de un documento.
En el caso de la maquinaria solicitada y certificada por el ganador del proceso, desde la administración municipal de Medellín se asegura que cumple con las especificaciones técnicas.
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¿Es necesaria una revisión?
Fabio Humar es abogado y máster en Derecho Económico, también es especialista en Administración Pública y entre otros cargos, desempeñó el de Fiscal en la Unidad de Delitos Financieros.
Asegura que, en los temas de contratación, especialmente en los de chatarrización, el Estado debe propender no solo por evitar pérdidas sino además por generar el mayor margen de utilidades posible.
De acuerdo con Humar “hay varias dudas que surgen, la primera es por qué se escogió el sistema de subasta inversa cuando es la que menos dinero le deja al Estado, al municipio en este caso; la segunda es que pareciera que se usaron pliegos ‘sastre’ para privilegiar a un ganador y tercero, cualquier mentira que un particular vierta sobre un documento que luego produzca una acción en el Estado como una resolución o un acto administrativo y que ese documento contenga una falsedad, el particular estará incurso en el delito de fraude procesal”.
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Denuncias ante las autoridades
En una revisión a la ficha técnica, publicada por la firma fabricante en Italia, del equipo que hace parte de la propuesta ganadora, no se certifica una de las condiciones solicitadas en el proceso por parte de la Alcaldía de Medellín, determinante para la adjudicación del contrato.
Aunque el contrato fue adjudicado mediante resolución el pasado 22 de abril, no ha sido publicado aún en el SECOP II.
La persona que firma la adjudicación del contrato es la secretaria de Suministros y Servicios, Karen Bibiana Delgado Manjarres, hoy en la terna para reemplazar a Daniel Quintero en la Alcaldía de Medellín.
Estas denuncias, incluyendo la del presunto detrimento por cerca de $30 mil millones ya está en poder de los organismos de control.
RCN Radio
