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Orley Antonio Rodríguez estuvo privado de su libertad por tres meses (entre el 6 de septiembre y el 10 de diciembre del 2003), en el marco de una investigación de la Fiscalía que lo señalaba de ser guerrillero, militante de las extintas Farc.

La investigación que se adelantó en su contra fue por los delitos de rebelión, concierto para delinquir con fines de secuestro, extorsión, actos terroristas y homicidio agravado. El caficultor fue capturado en medio de la operación ‘Everest’, que adelantó la Policía en Urrao (Antioquia).

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Sin embargo, otro fiscal de Medellín precluyó la investigación por falta de pruebas. Todos sus allegados, tanto su núcleo familiar -conformado su esposa e hija- como sus padres y hermanos, se vieron perjudicados con su detención.

“Durante el periodo que duró la detención del señor Rodríguez Rueda, no solo perdió su trabajo, sino que además le fue difícil ubicarse laboralmente y tuvo que hacer préstamos por la suma de $8.000.000 y pagar por su defensa judicial la suma de $4.000.000”, se señala en su expediente.

Su historia llego al Consejo de Estado, que condenó a la Fiscalía a pagar 272 millones de pesos como indemnización por la detención arbitraria de la que fue víctima y los falsos señalamientos de la Fiscalía de “pertenecer a la otrora guerrilla de las Farc, sin que existieran pruebas de su pertenencia a ese grupo subversivo”.

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“La Fiscalía fue administrativamente responsable de la producción del daño, al imponer medida de aseguramiento en contra del demandante, basándose en un simple testimonio que no estaba respaldado por ninguna otra evidencia de su supuesta relación con el crimen organizado”, dice un comunicado del alto tribunal de lo contencioso administrativo.

La indemnización corresponde al cálculo que hizo el Consejo de Estado de los ingresos que dejó de percibir el recolector de café, por no haberse podido dedicar a su actividad legal durante el tiempo en el cual estuvo detenido.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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