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La sanción se da porque el proyecto no pudo cumplir con el inicio de generación de energía, desde diciembre de 2018.

Hidroituango.
Hidroituango.
Cortesía EPM.

A través de la resolución 154 de 2019 la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) dejó en firme su decisión de sancionar a EPM con la pérdida de las obligaciones de energía firme (OEF), por la no entrada en operación a tiempo del proyecto Hidroituango, que debía empezar a generar energía el primero de diciembre de 2018.

Esta decisión implica para la compañía la pérdida del ingreso asociado a dichas obligaciones y la ejecución de una garantía bancaria por US$43,15 millones.

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Según la Creg, "EPM incurrió en un incumplimiento grave e insalvable" en lo que tiene que ver con la puesta en marcha de Hidroituango para la generación de energía a partir de diciembre del año pasado.

Cabe mencionar que Hidroituango había adquirido dos Obligaciones de Energía en Firme (OEF) del Cargo por Confiabilidad a través de las subastas de la Creg en  los años 2008 y 2012, para la primera, las obligaciones iniciaban el 1 de diciembre del año pasado, y para la segunda, el 1 de diciembre del  2021.

Sin embargo, dada la contingencia que se presentó en el proyecto hidroeléctrico el año pasado y los retrasos que ha tenido para entrar en operación, la entidad inició diligencias para determinar el incumplimiento de dichas obligaciones. La compañía había interpuesto un recurso de reposición contra una resolución previa de la entidad, la 101 de 2019, en la que había declarado la pérdida de las obligaciones.

Recientemente la Contraloría General de la República anunció la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por la emergencia y la crisis que se desató en el proyecto hidroeléctrico Ituango.

El ente de control señaló que ha encontrado argumentos suficientes en las auditorías realizadas en los meses anteriores por funcionarios de la entidad para iniciar este proceso, teniendo en cuenta que se habría dado un detrimento al patrimonio público.

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Al proceso fueron vinculados Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria y Luis Alfredo Ramos, quienes en su momento estuvieron a cargo de la Alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia.

Igualmente, en el proceso está involucrado Juan Esteban Calle, quien fue gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y también varios contratistas que ejecutaron el proyecto, que debía iniciar su operación en 2020.

Fuente

Sistema Integrado de Información.

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