Está paralizada la culminación del proceso de delimitación entre Antioquia y Chocó
Los propietarios del predio privado, donde se pondrá el mojón, no han autorizado el ingreso de los vehículos.
El Igac ya instaló once de los doce mojones en Belén de Bajirá que trazan el límite entre Antioquia y Chocó.
De acuerdo con las autoridades, el proceso lleva varios días paralizado porque el último mojón no se ha podido ubicar en un predio de la Hacienda Monteverde en una carretera que conduce hace el municipio de Mutatá.
El presidente de la Comisión de Amojonamiento del Igac, Siervo Wilian León, sostuvo que han hecho las peticiones a los dueños de la propiedad, pero les dicen que deben pasar pie hasta el sitio donde será ubicada la pilastra delimitatoria, que está a unos siete kilómetros de la carretera.
"Se ha gestionado con los propietarios para que den la autorización de ingresar al predio. Ellos han manifestado que lo podemos hacer, pero a pie y sin los vehículos. Sin embargo, la distancia entre la carretera pavimentada y el lugar donde se hará la delimitación es de 7 kilómetros. Muy largo de recorrer", señaló Siervo Wilian León.
La Policía y el Inspector de la zona se reunirán hoy con los propietarios de la hacienda para llegar a un acuerdo que permita la ubicación del último mojón y culminar con el proceso de deslinde entre Antioquia y Chocó.
Cabe recordar de dos pilastras fueron destruidas por la Alcaldía de Turbo, al considerar ilegal la perturbación del espacio público.
Destruyeron mojones
Hace dos semanas, la Gobernación de Chocó calificó como una falta disciplinaria gravísima que aumenta la tensión entre los dos departamentos la destrucción de dos mojones que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), instalados entre la vía Panamericana y el sector Blanquicet, para cumplir el proceso de deslinde del territorio.
El delegado de Chocó en el conflicto limítrofe, Fredy Lloreda, le pidió a la Procuraduría que investigue a los funcionarios de la Alcaldía de Turbo y de la Policía que derribaron las pilastras de concreto de 60x60 centímetros, que cuestan 2 millones de pesos cada una.
“Lo que le están es dando trabajo a la Procuraduría General de la Nación, que en su papel disciplinario debe entrar de oficio a investigar la conducta del alcalde de Turbo, quien cometió una falta grave. No se entiende como un funcionario de ese nivel haya ordenado destruir esos mojones”, afirmó.