Estudiantes de la U. de Antioquia piden garantías para retomar clases

Luego del pronunciamiento del gobernador Luis Pérez sobre presuntos reclutamientos del ELN en la Universidad de Antioquia, han aparecido una serie de panfletos amenazantes que tienen atemorizada a la comunidad universitaria.

En estas comunicaciones se advierte que se "acabará con los comunistas" y promotores de las recientes protestas en ese centro educativo.

Los estudiantes se resisten a levantar el paro si no se cumplen una serie de exigencias académicas y de seguridad que garanticen el regreso a las clases en completa normalidad, teniendo en cuenta que algunos líderes ya fueron intimidados. 

David Reyes, líder estudiantil, sostuvo que “nosotros estamos pidiendo unas garantías políticas y de derechos humanos por todo lo que ha venido pasando en relación a la persecución de quienes hemos liderado la discusión en medio de la coyuntura”. 

El nuevo pliego de peticiones se entregará en la tarde de este miércoles a las directivas y el próximo miércoles, en una asamblea se determinará si se levanta o no el paro.

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El vicerrector general, Élmer Gaviria, rechazó las declaraciones de Luis Pérez y sostuvo que es irresponsable que desde las autoridades se esté generando un clima de sospecha e intolerancia que puede desencadenar hechos de violencia. 

Según Gaviria, “se están enviando una serie de mensajes por parte de las autoridades que ponen en riesgo la estabilidad y seguridad dentro del campus y que no van en sintonía con los trabajos que se están realizando para apoyar la paz desde la academia”. 

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Pese a que el gobernador Luis Pérez pidió un estudio sobre los posibles riesgos que corren los estudiantes, las directivas manifestaron que no tienen las herramientas para suministrar dicha información y que no está dentro de sus funciones elaborar este estudio. 

La Universidad de Antioquia es la única institución pública del departamento que no ha retomado clases. Los estudiantes también piden la conformación de una mesa que vigile la destinación de los recursos prometidos por el gobierno nacional en el acuerdo firmado a finales de 2018.