Familias afectadas por crisis de Hidroituango reclaman respuestas de EPM

En medio de la incertidumbre se encuentran los habitantes de la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico ubicado sobre el río Cauca, luego de la grave emergencia que se registró en abril de 2018. 

La alerta roja continúa y sus habitantes temen que en cualquier momento se registre un nuevo deslizamiento y que las filtraciones de agua que se han denunciado por organizaciones ambientales, puedan generar una tragedia. Piden al grupo empresarial EPM que atiendan a la población e informen la realidad de lo que sucede en los túneles. 

William de Jesús Gutiérrez Nohaba, presidente de la Asociación de mineros y pescadores artesanales de Valdivia una de las zonas más afectadas, dijo que prácticamente viven con miedo.

“Esa zozobra con la que permanecemos es tan grande (…) la gente no puede dormir cuando ven los vídeos que graban dentro de los túneles. Hace como 15 días había una filtración abundante de agua (...) no entendemos por qué las directivas de EPM nos mienten”, dijo.

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Las afectaciones económicas en el municipio han aumentado con el paso de los meses, los pescadores y barequeros no pudieron continuar con su oficio mientras que los comerciantes sintieron bajar las ventas de los productos por la falta de dinero y de trabajo. 

“El comercio de un 100 por ciento bajó a un 15, están desesperados. Los que vivían de la pesca y el bareque están muy preocupados porque ya no pueden trabajar como antes”, señaló.

Sostuvo que los habitantes del municipio se desplazaron forzosamente de las viviendas para buscar empleo y oportunidades en otras ciudades y regiones. “No hay empleo, se dañó el medio ambiente por la creciente súbita, se acabó la pesca por la represa, se acabó el barequeo; la situación es preocupante”, dijo Gutiérrez Nohaba.

El líder social indicó que los alimentos escasean debido a que las actividades de donde derivaban su sustento económico, están suspendidas. “Toda la comida de las laderas del río Cauca se perdió, la que no tumbaron durante la construcción de la carretera, se la llevó la creciente súbita”, dijo el representante de los pescadores y mineros de Valdivia.

Leishmaniasis

Sabanalarga es otro de los municipios afectados, los casos de leishmaniasis se incrementaron desde 2016 y según las cifras entregadas por la abogada de las víctimas, Jeimy Aguilera, han muerto cinco personas. 

Guillermo González Moreno, presidente de la Asociación de Pequeños Mineros y Pescadores, aseguró que en un recorrido que realizó en los últimos días por las veredas del municipio, encontró que son 217 las personas con esta enfermedad. 

“En Sabanalarga nunca habíamos tenido el problema de la leishmaniasis, en los últimos tres años se incrementó la aparición de casos; tan solo en este año, van 217 casos, he visitado casa por casa”, dijo.

El líder comunal explicó también que la atención en el hospital es precaria y que los altos costos de los medicamentos impiden a muchos acceder a ellos; otros optan por plantas medicinales o remedios caseros. 

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“Nos dicen que la droga que hay en el hospital no es la adecuada para eso, que las inyecciones valen más de 300 mil pesos y sin plata no se pueden comprar. Trasladan a los pacientes a otros municipios mientras que otros ni quisiera pueden ser atendidos (...) conozco el caso de dos niños que dos meses y de tres años, que también tienen la enfermedad”, dijo.

El líder de los pescadores y barequeros advierte que se sienten abandonados y que supuestamente el grupo empresarial EPM, no se pronuncia ni toma medidas.

Medidas cautelares

Ante el Juez 75 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía solicitó que se impongan cinco medidas cautelares sobre el proyecto de Hidroituango, que garanticen la toma de medidas frente a la expansión del buchón de agua que afecta a varias fuentes hídricas, los residuos de materiales de obra y la deforestación en la zona.

Se espera que los abogados de EPM controviertan las denuncias de la Fiscalía y las afirmaciones de los apoderados de las familias afectadas. Hasta el momento no se han pronunciado frente a la solicitud de medidas cautelares.

El abogado Guillermo Romero Sánchez, representante de la Asociación de Pescadores y Mineros de Valdivia, dijo que, la tala de árboles y el mal uso de los residuos, está enfermando a la gente.

“La Fiscalía, en el marco de la investigación de los delitos contra recursos naturales y medio ambiente, por lo ocurrido entre el 2018 y 2019, adelantaron una investigación encontrando dificultades graves entre la población”.

Agregó que “los desechos de asfalto mal dispuesto, residuos sólidos de carreteras y de excavaciones que bloqueaban cuencas de agua, la proliferación del buchón y la situación de la obra, alertaron a la Fiscalía”.

Una de las solicitudes consiste en que el grupo empresarial EPM realice un nuevo estudio de la situación real del proyecto y del cuarto de máquinas, y que éste sea socializado con los residentes de los municipios del área de influencia.