Fiscalía dicta medida de aseguramiento al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que ese organismo dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, por estar implicado con hechos de corrupción en contratación.

La decisión fue emitida por una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la medida de aseguramiento la deberá cumplir una vez sea suspendió del cargo, bajo detención domiciliaria.

#ATENCIÓN Un fiscal delegado ante la @CorteSupremaJ resolvió la situación jurídica del gobernador de #Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, por presuntas irregularidades en contratación cuando fue gobernador en 2004-2007. pic.twitter.com/xa1qww6jAQ

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 5, 2020

“La decisión fue comunicada el día de hoy al presidente de la República para que se cumpla con el mandato legal de suspensión del cargo. En ese sentido, el Jefe de Estado deberá surtir los trámites necesarios para garantizar el funcionamiento administrativo del departamento de Antioquia”, dijo el fiscal Barbosa.

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De acuerdo con las pruebas recolectadas, el gobernador de Antioquia sería supuesto autor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.

La medida de aseguramiento fue ordenada directamente por la Fiscalía General, en atención que se trata de un proceso bajo el antiguo sistema penal acusatorio de la Ley 600, ya que los hechos investigados ocurrieron cuando Aníbal Gaviria Correa se desempeñó como gobernador de Antioquia entre el periodo 2004 y 2007.

El contrato en la lupa de la Fiscalía

La Fiscalía estableció que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por un valor superior a los 41 mil 600 millones de pesos, se pactó anticipo inicial del 25% y luego se amplió al 29%, lo que representó cerca de  1.500 millones de pesos de más para el contratista.

Para los fiscales a cargo de este proceso, es claro que está modificación desconoció los requisitos legales esenciales en materia de contratación como son los principios de planeación y transparencia.

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También se encontró que este anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros y dicha omisión generó que el contratista invirtiera más de 10 mil millones de pesos en maquinaria y equipos.

“La investigación evidenció que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública”, manifestó el fiscal Barbosa.