La Fiscalía imputará los delitos de asonada, perturbación al servicio público y obstrucción a las vías públicas a responsables de los desmanes ocurridos en el Urabá antioqueño, donde 36 personas ya fueron capturadas.

Los manifestantes protagonizaron actos vandálicos, como los ataques a tres alcaldías, la destrucción de dos de los peajes y la quema de llantas y vehículos para bloquear las carreteras. Daños que dejaron pérdidas superiores a los $1.000 millones.

Estas tres conductas punibles contemplan penas entre los cuatro y ocho años de prisión, como lo anunció el director encargado de Fiscalías Antioquia, César Quiroz.



Las autoridades investigarán si bandas criminales orquestaron estos actos vandálicos, porque se podría tipificar también el delito de concierto para delinquir.

En Urabá está una comisión judicial que adelanta las investigaciones con apoyo de las policías judiciales nacional y de Antioquia.