En Medellín, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, aclaró que los equipos jurídicos del Gobierno reevalúan el tema de los costos para la administración de los bienes de las Farc, avaluados en más de $1 billón. Esta determinación se tomó, según el alto funcionario, luego de recibir la carta  con las observaciones del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Martha Lucía Olano, en las que señalan que no se pueden destinar recursos públicos del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) para capitalizar a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para que se encarga de administrar los bienes de las Farc, como lo dictó el reciente Decreto 1535 expedido por el Ministerio de Justicia. Por esa razón el titular de esa cartera precisó entonces que se estudia otro mecanismo jurídico. Para el ministro Gil Botero, si bien se debe buscar otra fuente, lo cierto es que para administrar esos bienes de la extinta guerrilla se requiere otro fondo de inversión para subsanar esos costos a través de la SAE.