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Barbosa, Antioquia.
Cortesía Alcaldía de Barbosa

Los párrocos de las cinco iglesias de Barbosa (Antioquia) y un grupo de ciudadanos laicos redactaron una carta en la que afirmaron que el municipio “está perdiendo el norte” al no tener quien lo administre, después de tres meses de la detención del alcalde Edison García Restrepo.

Denunciaron aumento del microtráfico y hurtos, así como parálisis en las obras civiles y crisis hospitalaria por falta de medicamentos.

El vicario de la parroquia Jesús de la Divina Misericordia, Adulfo Salazar Ramírez, aseguró que los habitantes están muy preocupados por la zozobra política y social que hay en el municipio del norte del Valle de Aburrá. 

"Acá estamos decapitados, sin un norte, en una situación morfa porque nada se define, hay situaciones muy complicadas como el hospital y un total abandono de parte de las autoridades del departamento", señaló.

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El religioso aseguró que en varias ocasiones ha solicitado una cita con la alcaldesa encargada, Tatiana Gutiérrez, pero nunca la ha atendido.

Así mismo, pidió al gobernador de Antioquia, Luis Pérez, designar un mandatario que esté tiempo completo en la localidad solucionando las dificultades del municipio.

"Yo he ido a pedirle la cita pero siempre está muy ocupada, no se mantiene mucho por acá, tiene otros cargos en el departamento. No hay quien atienda. Las veces que he ido no he podido tener una cita con ella para conversar y saber qué horizontes nos esperan", puntualizó.

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El documento advirtió que aún no ha sido reconstruido el puente de la antigua estación, que comunica a los pobladores de seis veredas, mientras que las instalaciones deportistas están abandonadas y no hay programas culturales para los niños y jóvenes.

La carta fue enviada al gobernador Luis Pérez, a la alcaldesa encargada Tatiana Gutiérrez, a la Personería de Barbosa y al Comando de Policía, entre otros.

En octubre pasado un juez dictó medida de aseguramiento en la cárcel La Paz de Itagüí al alcalde de Barbosa, Edison García Restrepo, por considerar que es un “peligro para la sociedad”.

El mandatario es investigado por su presunta responsabilidad en la desviación de más de 4 mil millones de pesos en contratos de acueducto, alcantarillado y del Plan de Alimentación Escolar, PAE. En el ilícito habrían participado otros funcionarios de la administración.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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