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En algunos casos, la Fiscalía estableció complicidad entre agentes del Estado e integrantes de grupos al margen de la ley.

La mayoría de estos crímenes se concentran en Caucasia, donde 122 personas han sido asesinadas en estos diez meses.
Cortesía: Policía Antioquia

Según la Fiscalía General de la Nación, en lo corrido de 2018 se ha presentado un incremento del 151%  en los casos de homicidios en el Bajo Cauca antioqueño. Hasta el pasado 2 de octubre, los constantes combates entre estructuras delincuenciales dejaron un saldo de 298 muertes violentas. 

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, insistió en que los seis municipios que componen esta subregión, son el centro de las disputas entre Clan del Golfo, los Caparrapos y disidencias de las Farc, ya que su ubicación resulta estratégica para el transporte de droga. 

El mandatario regional señaló que “el Bajo Cauca ha venido en una crisis de homicidios y de ilegalidad muy grande; [este año] tuvimos incrementos hasta del 204% [...] las bandas criminales que azotan a Antioquia también son las bandas criminales más grandes del país”.

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Durante este año han sido constantes los llamados para que el gobierno haga presencia en la zona, paradójicamente, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez sostuvo que en algunos casos se ha podido establecer la complicidad de agentes del Estado con los integrantes de los grupos al margen de la ley. 

El representante del ministerio público resaltó que la violencia en el territorio “es por la presencia de grupos ilegales que andan en una confrontación y que buscan la captura de rentas ilegales, en muchos casos con el apoyo de agentes del Estado y consolidando unas economías y unas fortunas ilícitas que consolidan su actividad criminal”.

El gobernador Luis Pérez Gutiérrez dijo que “los habitantes deben reconocer el esfuerzo que se ha estado haciendo para devolver la tranquilidad”. Manifestó que como resultado de un operativo de tres meses, se logró la captura de 67 personas y la emisión de órdenes de captura contra otras 180 personas más que delinquen en el territorio en el que hay presencia permanente de 320 soldados.

El conflicto ha obligado al desplazamiento de más de 4 mil personas, que en su mayoría llegan a Medellín para salvar sus vidas. Según la ONG Nodo Antioquia, de los 29 asesinatos de líderes sociales en el departamento, 12 fueron cometidos en el Bajo Cauca y norte antioqueño, siendo estas las subregiones más peligrosas para ejercer la función. 

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