JEP recibe 112 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas en Antioquia
Los familiares de las víctimas sostienen que no se trata de casos aislados.
Con el fin de aportar documentos que sirvan para esclarecer los hechos que rondaron la muerte de sus familiares, integrantes de organizaciones sociales entregan a la JEP 112 casos denunciados como ejecuciones extrajudiciales cometidos entre los años 2003 y 2008 en las subregiones del nordeste, oriente y el Magdalena Medio en Antioquia.
Con expedientes, testimonios y pruebas forenses, los sobrevivientes del conflicto en esta zona quieren comprobar la presunta participación activa de uniformados pertenecientes a las Brigadas cuarta y 14, adscritas para ese entonces a la Primera y Séptima División del Ejército Nacional.
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Natalia Herrera, abogada de la corporación jurídica Yira Castro, indicó que no se trató de casos aislados o de manzanas podridas dentro de las fuerzas militares, sino de actuaciones sistemáticas que deben ser castigadas.
La abogada indicó que “lo primero que se debe hacer es visibilizar estos episodios para que sean reconocidos y que las personas que ordenaron estas ejecuciones respondan conforme a la ley dentro de este proceso”.
Miguel Ángel Gómez perdió a su hijo de 23 años y asegura que fue a manos de integrantes del Ejército. Dice que ningún incentivo económico o de ascenso puede poner en riesgo la vida de civiles que no están involucrados en el conflicto.
Este sobreviviente manifestó que “estaba tan debilitado este país, que con el fin de conseguir vacaciones y ascensos, mataban a cualquiera que se les cruzaba por el camino, para presentarlo como abatido. Eso fue lo que le pasó a mi hijo y lo que no queremos que ocurra nuevamente a otras familias”.
Según los datos suministrados por las organizaciones de víctimas, en la mayoría de los casos los cadáveres correspondían a adultos jóvenes que se dedicaban a labores del campo. También se reseña el asesinato de 13 menores de edad.
"Si bien la entrega de los 112 casos es un avance importante para la reparación, existe la posibilidad de que la cifra real sea más alta toda vez que muchos de los sobrevivientes no denuncian por temor", sostuvo Natalia Herrera, abogada de la corporación jurídica Yira Castro.
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