JEP reclama información de desaparecidos en inmediaciones de Hidroituango

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y las empresas EPM y Socya, deberán responder en máximo diez días por los avances en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada en los municipios de influencia de Hidroituango, en La Escombrera de la Comuna 13, en Betulia y Puerto Berrío.

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Esta documentación fue solicitada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para estudiar las medidas cautelares exigidas por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en 16 lugares del país, donde habrían cuerpos de personas asesinadas por los actores del conflicto armado.
 
Según el auto del tribunal, el gobernador y EPM tendrán que enviar los soportes del trabajo que adelantó la Fundación Socya en los sitios de inhumación en el perímetro del cañón del río Cauca, que comprende catorce municipios en inmediaciones de la hidroeléctrica.

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Esta zona conforma uno de los tres lugares priorizados por las organizaciones de derechos humanos, que buscan la verdad de los desaparecidos en Antioquia, manifestó la secretaria técnica del Movice, Martha Soto.
 
La JEP reclama también al alcalde Federico Gutiérrez la información sobre el plan aplicado por la empresa española Falcon High Tech en La Escombrera de la Comuna 13, donde habrían sido enterradas las víctimas de la violencia de esa zona de Medellín. Los otros dos lugares son Puerto Berrío, con 160 víctimas de desaparición forzada, y Betulia con 38 casos.

Respuesta EPM

Al conocer la solicitud de la JEP, EPM informó en un comunicado que desde 2013 solicitó a la Fiscalía que agilizara los procesos pendientes sobre personas desaparecidas en la zona donde se construiría la presa y el embalse de Hidroituango.
 
Esta es la respuesta inicial de la compañía antioqueña al requerimiento de este tribunal especial, que estudia una medida cautelar solicitada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

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De acuerdo con la constructora de la hidroeléctrica, se contrató con la empresa Socya para que facilitara la labor del ente investigador en los doce municipios que están en la influencia del proyecto y donde, según organizaciones de derechos humanos, habría enterradas víctimas del conflicto armado.
 
A pesar de esto, EPM aclaró que este trabajo se hace como una colaboración con las diferentes autoridades, pues en realidad no existe ningún convenio con la Fiscalía General de la Nación para la búsqueda de los desparecidos en esa zona del Norte, Occidente y Bajo Cauca antioqueño.