Juez dio vía libre a desalojo del morro Moravia donde habría más de 100 construcciones ilegales

Un juzgado de Medellín le dio la razón a la alcaldía de la ciudad y revocó la decisión de una tutela, en primera instancia, con la que se había frenado el desalojo del conocido morro de Moravia, el que fue basurero de la ciudad entre los años 1972 y 1984, y que ha tenido un problema histórico de invasión.  

El operativo se había iniciado el 3 de noviembre de 2021, pero en ese entonces, la justicia protegió a los pobladores del sitio, que argumentaron que la administración municipal no había caracterizado a los habitantes y que algunos hacían parte del proyecto de vivienda como 'Los hijos de Moravia', que no avanzan.  

Aunque desde ese momento no se han conocido mayores detalles sobre la supuesta caracterización, la Secretaría de Gestión y Control Territorial indicó en su momento que unas 100 viviendas se han construido ilegalmente en la zona. 

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El principal argumento del desalojo es una recomendación del Dagrd y de la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, que el morro de basuras de Moravia representa un riesgo inminente por la presencia de gases, a causa de los residuos sólidos que quedaron allí. Así lo explicó en su momento Laura Duarte, directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres. 

“En junio de 2006, el morro de Moravia se declaró sitio de calamidad pública debido a estudios de universidades de la región y propios de la Alcaldía de Medellín que encontraron que los niveles permitidos para gases tóxicos y lixiviados estaban por encima de parámetros normales", sostuvo la directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Dagrd, Laura Duarte.  

Indicó que "encontramos gases como cianuro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno, altamente tóxicos, por lo que declaramos una zona de alto riesgo sanitario, ambiental y geológica”.

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En el fallo, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad concluyó que a los accionantes de la tutela no se les está vulnerando ningún derecho fundamental “por el contrario, lo que se está haciendo por parte de las entidades municipales y demás entes de control, es proteger la vida de quienes habitan en una zona de riesgo”. 

No obstante, el fallo ordena a la administración municipal que prosiga con la caracterización de las familias de la zona y la reubicación de los ocupantes o moradores, delimitados expresamente en la Orden de Policía No. 28 del 13 de septiembre de 2021, que dio origen al desalojo del 3 de noviembre.