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Según la Fiscalía, los capturados habrían desplazado a varias familias.

Centro carcelario (referencia)
Centro carcelario (referencia)
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Varias organizaciones de víctimas de conflicto armado denunciaron la captura de nueve reclamantes de tierra en el Urabá antioqueño, a quienes la Fiscalía señala de hacer parte de una red criminal que habría despojado de sus predios a varias familias mediante la utilización de la violencia.  

La presidenta del Instituto Popular de Capacitación (IPC), Luz Nelly Osorno Ospina, calificó la detención masiva como un falso positivo judicial. Dijo que, al parecer, es una retaliación de empresarios aliados con administradores por la devolución a ocho familias de doce parcelas de la vereda Las Guacamayas, en el corregimiento de Macondo del municipio de Turbo, en un fallo emblemático confirmado por la Corte Suprema de Justicia en mayo pasado.

La directiva del IPC explicó que las acusaciones se basan en un video de 2014 que fue sacado de contexto y en el que se observa una pelea violenta entre los campesinos que retornaron ese año sin el acompañamiento del Estado y los administradores de los predios arrebatados por los paramilitares en 1997.

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Al responder a las denuncias de las organizaciones sociales, la directora de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Claudia Carrasquilla Minami, aseguró que el ente investigador tiene suficiente material probatorio que compromete a los capturados con una organización delincuencial que aprovechó la coyuntura de violencia en la zona de Urabá para apoderarse de las tierras. Explicó que dos de los detenidos estarían implicados en abuso sexual. 

Carrasquilla Minami confirmó que los reclamantes fueron recluidos en la cárcel por los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado.

La decisión adoptada por un juzgado con función de control de garantías recayó sobre Rosember Ibañez, Sandra Medrano, Freddy Correa, Saulo David, Tito David Gómez, Omar Quintana, Víctor Manuel Correa, Julio Correa y Edilberto Úsuga.

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Es por ello que organizaciones sociales hicieron un llamado a la Fiscalía y a los jueces penales competentes para que se respeten los Derechos Humanos de estas personas, se garantice el debido proceso y la presunción de inocencia.

De igual forma convocaron a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación para que realicen especial vigilancia a la seguridad y protección de la vida y las garantías para el liderazgo y la reclamación de tierras de todas las familias de Urabá y el Bajo Atrato, pues en estas regiones han sido asesinados 22 reclamantes de tierras.

También le solicitaron al Gobierno nacional y a la Unidad de Restitución de Tierras priorizar los procesos de restitución de tierras que se encuentran pendientes por resolver.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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