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Organizaciones denuncian un exterminio de los grupos armados que pretenden apoderarse de las zonas que dejó las Farc.

Homicidios
El Secretario de Seguridad indicó que es una "obsesión" del alcalde Enrique Peñalosa por proteger la vida de los bogotanos.
Foto: Colprensa.

Las cifras de la Defensoría del Pueblo indican que han sido asesinados 45 líderes sociales en Antioquia y 16 en Chocó desde el 1 de enero de 2016 hasta hoy.

A este flagelo se suman las persistentes amenazas. Según las autoridades, son 30 defensores chocoanos en riesgo y sin protección, mientras que son 97 antioqueños que sufren intimidaciones.

Según el coordinador de Nodo Antioquia, Óscar Yesid Zapata, los representantes comunitarios y de derechos humanos padecen esta situación a causa del vinculo con programas de sustitución de cultivos ilícitos, o porque tienen sus viviendas en los corredores estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal que abandonó la desmovilizada Farc.

Este es el botín que se pelean los grupos armados al margen de la ley como el ELN, Los Caparrapos, el Clan del Golfo y las mismas disidencias de la extinta guerrilla, que ya habían advertido las organizaciones sociales.

“Todo esto que está ocurriendo ya lo habíamos advertido a todas las autoridades, dijimos que la salida de las Farc de las diferentes regiones iba a generar el interés de otras estructuras paras ejercer control económico, territorial y político en esas zonas”.

El general Carlos Ernesto Rodríguez, comandante de la Región 6 de la Policía, sostuvo que en Antioquia y Chocó se adelantan acciones para brindar garantías a los líderes sociales, como visitas esporádicas a las zonas y árboles telefónicos. Sin embargo, insistió que cada caso es distinto porque algunas muertes están relacionadas con cultivos ilícitos y otros por disputas intrafamiliares y riñas.

“Hay diferentes circunstancias que se han presentado con las muertes de muchos ciudadanos, especialmente se han visto temas de cultivos ilícitos, violencia intrafamiliar, riñas, otros delitos, que van conexos a homicidios no necesariamente por grupos delincuenciales, por eso cada caso se estudia por separado”.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, expresó su preocupación por el incremento de homicidios y amenazas a los líderes, por lo que convocó al consejo de seguridad del próximo martes a la Unidad Nacional de Protección para que presente las acciones que garanticen sus integridades.

“Esto es un mensaje de preocupación para que no sigan creciendo esas amenazas de los líderes sociales, queremos ser no solamente solidarios sino activos ”.

En lo que va de esta semana, ya se conocen al menos siete amenazas a líderes sociales y representantes de víctimas, entre ellos la mesa departamental y el coordinador de la campaña de Gustavo Petro en Tarazá, Robinson Piedrahita.

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