Minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño deja más de 500 veredas semidesiertas

Tierras áridas con cráteres y semidesiertas es el panorama en 505 veredas de El Bagre, Nechí, Zaragoza y Caucasia, donde la minería ilegal ha arrasado con la cobertura vegetal y la riqueza hídrica del Bajo Cauca antioqueño.

En esas zonas trabajan alrededor de 25.000 personas de manera directa e indirecta, entre los que se cuentan miles de mineros ancestrales, pero entre los que se han mezclado miembros de los grupos armados como el 'Clan del Golfo', 'Los Caparrapos' y la guerrilla del ELN.

Estas estructuras explotan a diestra y siniestra el oro que se esconde en el fondo y alrededores del río Nechí, el cual se mantiene de un color pantanoso por los trabajos diarios.

Esto se convirtió en una de las rentas criminales más importantes para estos grupos armados, que fácilmente recaudan 8.000 millones de pesos producto de la extracción de oro y la extorsión del 10% de la producción de los pequeños mineros ancestrales que temen por sus vidas.

Por eso se activó la Fuerza de Tarea Aquiles, que contará con más de 4.500 soldados y policías para combatir a la minería ilegal.

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El reciente nombrado comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez, aseguró que "es una campaña conjunta coordinada e interagencial. Quiere decir que son las fuerzas militares actuando en coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y con otros entes del Gobierno para poder darle una solución".

Según el oficial, esta lucha ha sido difícil para el Ejército, pues le falta dientes para atacarla, debido a que el Decreto 2235 hoy no le permite destruir maquinaria sino solo a la Policía. Pero son los militares los que llegan hasta esas zonas recónditas donde se explota de manera ilegal y criminal.

"La ley para la minería está hecha con el contexto operacional de años anteriores. Y los bandidos han cambiado su forma de actuar, han cambiado sus formas de generar rentas ilegales a través de la minería", agregó.

Las autoridades militares también hicieron una llamado para que no sólo sea la Fuerza Pública que intervenga la minería ilegal en la zona, sino que haya un acompañamiento de otras instituciones del Estado.

Así mismo buscan atender la problemática social y ambiental, pues ya están hechos los daños a la fauna y flora y muchos pobladores no cuentan con educación u otro modelo de sustento para sus familias.