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Durante dos días, los magistrados de la JEP escucharon los testimonios de las partes involucradas.

Audiencia JEP
JEP

Luego de dos días de testimonios, pruebas y explicaciones, la audiencia pública de la Jep que pretendía resolver algunas dudas sobre las fosas comunes localizadas en seis de los 12 municipios de influencia de Hidroituango, dejó más interrogantes que certezas.

En primer lugar, ninguna de las entidades que intervinieron en el auditorio del Palacio de Justicia de Medellín dio una cifra exacta de las víctimas de desaparición forzada, cuyos cuerpos estarían en los municipios de Briceño, Ituango, Peque, Sabanalarga, Toledo y Valdivia. 

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Alonso Alvear, fiscal 221 del Grupo de Búsqueda de personas desaparecidas, sostuvo que “no podemos dar en este momento una cifra total del universo de víctimas, en razón a que la Fiscalía en este momento delegó en la coordinación nacional del grupo de búsqueda la consolidación de la cifra de desaparecidos. Este trabajo no se ha culminado”.

Por su parte, el magistrado Gustavo Salazar, cuestionó que varios años después de que se cometieran los crímenes, el ente investigador no haya podido suministrar la información solicitada.

“Debemos insistir en la urgencia de estas cifras porque pasa el tiempo y no logramos tener un número aproximado para determinar si lo que hemos conocido por parte del Centro de Memoria Histórica es real o son más las víctimas”, indicó.

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Los datos a los que hizo referencia el magistrado Salazar apuntan a que en los 12 municipios del área de influencia se reportaron más de 950 casos, de los cuales 667 ocurrieron en las seis localidades que motivaron la audiencia. 

Otro de los puntos que no quedó resuelto luego de finalizada la jornada, fue la certificación que recibió EPM de la Fiscalía para inundar un perímetro en el que se presume que aún hay restos. 

 “La insistencia sobre EPM y la Gobernación es para que elevemos los estándares de exigencia y de diligencia, tanto en el tratamiento de las víctimas, como en la determinación de los lugares de inhumación y las dinámicas relacionadas con desaparición forzada”, sostuvo el magistrado Salazar. 

 Las víctimas y solicitantes de esta diligencia pidieron a la JEP que dicte medidas cautelares que obliguen a EPM, a la Gobernación de Antioquia y al Estado; a adelantar la búsqueda de sus familiares, incluso de los cuerpos que están en el terreno que ya fue inundado como parte del proyecto Hidroituango. 

 Martha Soto, líder del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, sugirió una búsqueda con buzos especializados, sin embargo los magistrados aclararon que el objetivo de la audiencia era recolectar información para evaluar qué tipo de medidas deben adoptarse. 

 Los magistrados concluyeron que no puede existir un concepto concreto sobre el destino de las víctimas, los daños ocasionados por el paso de la maquinaria en los sitios donde presumen que existen cementerios y las consecuencias de la construcción de Hidroituango. 

 Ante esto solicitaron que cada uno de los organismos participantes entregue los documentos que certifiquen su trabajo en la zona. 

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