Procuraduría ordenó investigar a la fuerza pública por el secuestro de tres fiscales en Antioquia

Luego de que el fiscal general Francisco Barbosa denunciara que altos miembros de la Policía y el Ejército Nacional del municipio de Tarazá habrían tenido responsabilidad por omisión en el secuestro de tres funcionarios de la Fiscalía y otro más de la rama judicial, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, ordenó investigar las presuntas irregularidades.

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El órgano de control, designó a la delegada para la Fuerza Pública para que asuma el conocimiento en materia disciplinaria de esta denuncia y ordenó constituir una agencia especial para intervenir en el proceso penal abierto por esos hechos. 

Luego de que el Fiscal General asegurara que, a los funcionarios secuestrados los pasaron por tres puestos de control del Ejército y de la Policía, "quienes no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y el orden público de esa zona”.

Para este proceso, fue designado el Procurador 113 Judicial II Penal de Medellín, quien se encargará de intervenir y hacer acompañamiento permanente a las diligencias que se adelanten en desarrollo de ese caso.

Aunque los funcionaros horas después fueron dejados en libertad, Barbosa ordenó el cierre de la Fiscalía Seccional del municipio de Tarazá y los servicios en la seccional de Medellín, ante la falta de garantías para que el ente acusador preste sus servicios.

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A su turno, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, cuestionó "¿si actos como estos son los verdaderos gestos de paz de los grupos armados que han manifestado su disposición para el acogimiento, o incluso, los que están en el cese al fuego bilateral del Gobierno?".  

En su cuenta de Twitter, Gaviria expresó su solidaridad y dijo que hay “rechazo absoluto” a estos actos. “El Estado debe hacer presencia en todo el territorio nacional”, trinó el mandatario seccional.