Se duplicó la cifra de víctimas de desplazamiento forzado en Antioquia
Se estima que más de 4.000 personas han abandonado sus predios por combates entre ilegales.
Unas 4. 305 personas se han desplazado de los municipios de Cáceres, Ituango, Peque, Amalfi y Murindó, en lo que va corrido de este año en Antioquia, tras amenazas, combates y siembra de minas antipersonal en sus territorios, por parte de los grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo.
El director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, confirmó que todos los municipios han activado la ruta de atención para apoyar a las familias afectadas.
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“Con estas rutas hemos garantizado los apoyos tanto al municipio como a la Gobernación, lo que quiere decir que estamos trabajando de una manera articulada para atender a toda esta población”, aseguró Córdova Mena.
En total, son siete los desplazamientos masivos que ha atendido la Unidad para las Víctimas. De Cáceres, Peque, Ituango y Amalfi son 581 familias, conformadas por 2.070 personas. En Murindó son 514 familias indígenas entre las que hay 2.335 personas entre niños y adultos.
La situación más crítica la padecen las comunidades indígenas de Murindó, Urabá antioqueño, donde 600 ancestros están en riesgo de desplazamiento, pues en la zona continúan las amenazas del ELN, pese a la presencia del Ejército.
En la zona, con el apoyo de un grupo de expertos antiexplosivos de Bogotá, el Ejército adelantará un desminado militar gradual, por las zonas y caminos donde fueron sembradas las minas antipersonal por los grupos armados.
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El subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, manifestó que hay una estrecha relación entre el aumento del precio de la pasta base para la coca y el incremento en los casos de desarraigos en comunidades indígenas y campesinas.
Ávila advirtió que, debido a la ausencia institucional, que debe trascender al envío de fuerza pública, “estas personas están gravemente amenazadas por el conflicto armado y el país podría estar cerca de un etnocidio”.
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