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Deberán permanecer en el batallón Pedro Nel Ospina durante dos meses aproximadamente.

Los siete militares fueron trasladados por vía terrestre, bajo estrictos protocolos de seguridad.
Los siete militares fueron trasladados por vía terrestre, bajo estrictos protocolos de seguridad.
Foto: Fiscalía.

Con un fuerte dispositivo de seguridad de la Policía y el Ejército, llegaron al batallón Pedro Nel Ospina de Bello en el Norte del Valle de Aburrá, los siete militares que aceptaron haber abusado sexualmente de una menor indígena en el departamento de Risaralda.

Por decisión de las autoridades judiciales, los uniformados deberán permanecer en esa guarnición militar durante dos meses, mientras se adelanta el proceso judicial en su contra.

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, aseguró que los militares quienes aceptaron cargos, deberán responder por el delito de acceso carnal abusivo con menor de edad, seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice.

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Los soldados fueron trasladados a Antioquia, toda vez que en el centro de reclusión para militares en Cali -el más cercano al lugar de los hechos-, no había cupos.

El traslado de los uniformados a una guarnición militar causó rechazo en buena parte de los colombianos, pues pedían que fueran enviados a una de las cárceles del país y no a una guarnición.

Restablecimiento de derechos

El Gobierno Nacional realizó una jornada integral para acompañar el proceso de restablecimiento de derechos de la niña indígena embera que fue abusada sexualmente por los militares, en hechos ocurridos en el corregimiento de Santa Cecilia en el departamento de Risaralda.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina María Arbeláez, y la consejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia, Carolina Salgado, hicieron parte de dicha jornada en la que se escucharon a los representantes de la comunidad indígena a la que pertenece la niña. 

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Las dos funcionarias se desplazaron hasta el resguardo Gito Dokabu–embera katio, ubicado en el corregimiento Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico (Risaralda), para manifestar a esa población el apoyo del Gobierno Nacional en medio de las investigaciones.

Igualmente, sostuvieron un encuentro con representantes de la ONIC y la Defensoría del Pueblo para reivindicar el diálogo a través del reconocimiento de la aplicación del enfoque diferencial, aclarando las acciones adelantadas para atender la niña víctima.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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