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La Corporación ordenó investigar a varios oficiales del Ejército y funcionarios de Bienestar Familiar.
Foto archivo

A 36 años y 8 meses de prisión, elevó la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, la pena impuesta al sargento segundo del Ejército Nacional Richard Antonio Pérez, por el asesinato a golpes de su hijastro de 5 años de edad, en un hecho que conmovió a la comunidad antioqueña.

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Al resolver el recurso de apelación presentado por la Fiscalía  y la defensa del militar, los magistrados incrementaron en 3 años y 4 meses la condena impuesta por el Juzgado 29 Penal del Circuito, al considerar que el procesado incurrió en el delito de homicidio agravado con dolo eventual, lo que hace más grave su reprochable conducta.

En el fallo de segunda instancia, la corporación ordenó compulsar copias a la Procuraduría para que investigue al entonces comandante del Ejército Nacional, general Jaime Lasprilla, al Brigadier General, Carlos Arturo Franco Corredor y al coronel, Oscar Armando Rodríguez Ruiz. Los oficiales no dieron respuestas efectivas y oportunas para la ubicación del niño como lo había solicitado su madre.

También se ordena investigar a Luz Janeth Forero Martínez, quien para la época era la  directora de Bienestar Familiar en Antioquia; a Mauricio Arango Villa, coordinador del centro zonal 4 del municipio de Medellín y a María Laura Lagos Farfán, comisaria de Familia de Granada (Meta), por posible negligencia para la búsqueda y la protección efectiva de los derechos del niño asesinado posteriormente por su padrastro.

Los hechos ocurrieron el 6 de febrero de 2016, cuando la víctima de 5 años de edad fue llevada sin signos vitales a un centro asistencial, luego de un vómito severo. De acuerdo con el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el menor falleció a causa de traumatismos severos en los intestinos, el bazo, el páncreas y los riñones.

Los médicos forenses establecieron además que el niño presentaba una fractura en el antebrazo izquierdo que no fue tratada clínicamente, así como signos de maltrato físico y desnutrición.

El suboficial de 39 años de edad y quien fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación cuatro días después de los hechos, tiene otra investigación por presunta tortura contra el menor, a quien mantenía encerrado en un apartamento en Medellín, desescolarizado y además no le permitía comunicarse con su madre, residente en Barranquilla de donde se lo trajo con engaños.

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Contra el fallo del Tribunal procede el recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, confirmaron fuentes judiciales.

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