Tribunal de Antioquia avaló el retorno de 13 familias desplazadas de Turbo
En el Urabá antioqueño fueron despojadas 200 mil hectáreas y asesinados 22 reclamantes de tierras.
Casi 20 años después de abandonar sus predios por la violencia paramilitar en el Urabá antioqueño, 13 familias cuentan con el aval de las autoridades judiciales para reconstruir su proyecto de vida en medio de la contingencia que vive el mundo por cuenta del coronavirus.
Los propietarios de las parcelas, ubicadas en la vereda California del corregimiento Nueva Colonia del municipio de Turbo ganaron una batalla jurídica a finales de marzo pasado, justo cuando comenzó la cuarentena por la vida decretada por el presidente de la república, Iván Duque Márquez.
Por intermedio de la Fundación Forjando Futuros y ante la incertidumbre judicial y por la posibilidad de una emergencia sanitaria en sus propiedades abandonadas, los dueños acudieron nuevamente a la Sala Civil de Restitución de Tierras en busca del amparo de todos sus derechos constitucionales.
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El director de la ONG, Gerardo Vega Medina celebró la providencia y dijo que estos líderes sociales y sus familias tendrán acompañamiento de la Fuerza Pública, ayuda económica para la ejecución de proyectos productivos y la vinculación de los niños y jóvenes al sistema escolar, así como la prestación de los servicios de salud.
Vega Medina, representante legal de la fundación que asesora los procesos de restitución de tierras en el Urabá antioqueño, el Chocó y Córdoba, también celebró el acuerdo bilateral que hizo empresa Sarapalma para devolver las tierras a un campesino desplazado en el año 2000 de la región de Uraba.
El director de Forjando Futuros recordó que, en esa zona del departamento fueron despojadas más de 200.000 hectáreas y asesinados 22 reclamantes de tierras.
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En un reciente fallo, el mismo tribunal Superior de Antioquia le pidió a la Fiscalía que investigue a los propietarios de Bananeras de Urabá S.A., Banacol y Uniban, por su presunta responsabilidad concierto para delinquir, por financiación voluntaria a grupos paramilitares, la cual se declaró como delito de lesa humanidad mediante resolución proferida por el ente acusador.
La corporación judicial compulsó copias del expediente para que se adelante un proceso penal por la posible ocurrencia de hechos punibles por parte de los empresarios de la fruta, Rosalba Zapata y Felipe Arcesio Echeverri Zapata, porque con el apoyo de las empresas exportadoras al parecer, crearon la trama del despojo, en la que resultó favorecida Bananeras de Urabá S.A., compañía que entró a ocupar y explotar indebidamente las tierras.
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