Víctimas en Antioquia interpondrán acciones legales para evitar libertad de militares por JEP
Organizaciones de víctimas en Antioquia interpondrán acciones legales para evitar la libertad de los dos primeros militares por la aplicación de la Justicia Especial para la Paz.
19 Abr 2017 - 10:49 am
militares / Foto referencial de archivo
El Cabo Segundo del Ejército Nacional, Elvin Andrés Caro Mesa, testigo estrella en el proceso contra el coronel Nelson Velásquez Parrado Velásquez, por la muerte de 17 personas en falsos positivos en Antioquia, se convertiría en el primer militar en el país, en recuperar la libertad condicional con la aplicación de la Justicia Especial para la Paz.
Caro Mesa, quien además enfrenta una condena de 31 años de prisión por la ejecución extrajudicial del estudiante de bachillerato de un colegio de Bello, Samir Enrique Díaz Galet, reportado como un delincuente por las Fuerzas Militares, el 28 de marzo de 2008, recibió el beneficio del Juzgado 7 de Ejecución de Penas de Medellín.
La decisión vulnera los derechos de las víctimas, dijo el abogado, Sergio Arboleda Góngora, de la Corporación Jurídica Libertad, que asesora 76 procesos con 210 víctimas de falsos positivos.
El Colectivo de juristas recurrirá a las instancias judiciales con el fin de echar para atrás el beneficio de la libertad de los uniformados que cometieron delitos de lesa humanidad con el homicidio de civiles ajenos al conflicto armado, explicó el abogado, Arboleda Góngora.
El Ministerio de la Defensa no ha revelado el nombre del otro militar a quien un Juez de Medellín le concedió la libertad condicional.
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En Antioquia, hay por menos 20 militares condenados por ejecuciones extrajudiciales que solicitaron la libertad, entre ellos, el coronel César Augusto Tavera; el mayor, Jairo Mauricio García Hernández; los capitanes, Elkin Ricardo Prieto, Manuel Antonio Quintero Flórez y Robinson Édgar Lozano Garnica.
Recordemos, que también podrían quedar libres los generales Jesús Armando Arias Cabrales y Jaime Humberto Uscátegui, sentenciados en su orden, a 35 y 37 años de prisión por los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia y la masacre de Mapiripán en el departamento del Meta.