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Como una luz de esperanza para encontrar a los desaparecidos, calificó el líder de Derechos Humanos de la Comuna 13, James Zuluaga, el sometimiento del general (r) Mario Montoya Uribe, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El alto oficial lideró la Operación Orión, en octubre de 2002, en esta zona del occidente de Medellín.

En la polémica incursión militar, James Zuluaga perdió a un primo y tuvo que desplazarse junto a su familia. Aseguró que las víctimas no han tenido verdad, justicia  ni reparación,por los abusos cometidos hace casi 16 años.

“Las personas que se sometieron a Justicia y Paz no dijeron la verdad y en este momento, nosotros tenemos un vacía. Hay 500 personas que no han sido encontradas. Con el sometimiento del general Montoya a la JEP, se abre una luz de esperanza para saber qué pasó con ellos”, afirmó.

James Zuluaga tenía 14 años cuando ocurrió la Operación Orión. Recuerda haber visto al entonces comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, general Mario Montoya, caminar por las calles dando órdenes a sus hombres para recuperar el control de la Comuna 13 de Medellín.

“Yo vi al general en dos ocasiones. Recuerdo haberlo visto señalando varios puntos en reunión con miembros de la Fuerza Pública. Tenemos conocimiento de que muchos policías y soldados iban a las casas, sacaban a personas, muchas inocentes, y se las entregaban a los grupos paramilitares para que los asesinaran”, puntualizó. 

Operación Orión: un fantasma que deambula por la Comuna 13

Recordada como la incursión militar urbana más grande del país, la Operación Orión comenzó  el 16 de octubre de 2002 y dejó un saldo de 88 personas asesinadas, 370 capturas arbitrarias y 95 desaparecidos forzados en la Comuna 13 de Medellín, según un informe de la Corporación para la paz y el Desarrollo Social (Corpades).

Sin embargo, los habitantes denunciaron que la Fuerza Pública actuó en complicidad con los paramilitares, lo que desencadenó asesinatos y desapariciones selectivas.

En enero de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano por los hechos y exigió que los gobernantes de la época que pidieran disculpas públicas por la violación a los derechos humanos. Sin embargo, ni el alcalde de Medellín de ese entonces Luis Pérez Gutiérrez, ni Álvaro Uribe Vélez, presidente de la época, se han pronunciado al respecto.

Casi 16 años después de la operación, que tenía como objetivo capturar a las milicias urbanas de las Farc, los habitantes de la comuna 13 piden justicia y las víctimas exigen que se cuente la verdad y castigue a los responsables.

Con los recientes hechos violentos que se han registrado en los barrios del occidente de Medellín desde el 26 de abril, por la guerra entre las bandas La Agonía Betania, El Coco y La Torre, la comunidad se siente atemorizada ante el riesgo de una nueva incursión militar de similares proporciones.

La defensa del general (r) Montoya radicó ante la Secretaria de la JEP el documento de sometimiento a esa jurisdicción especial. El oficial es investigado por la planeación y ejecución de los llamados "falsos positivos" entre los años 2006 y 2007 en varias regiones del país. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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