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Colprensa

La Corte Suprema de Justicia ha condenado a 39 palmicultores en los últimos dos años por sus vínculos con la apropiación ilegal de tierras entre 1997 y 2005 en zonas del Urabá antioqueño y el Bajo Atrato chocoano.

Así lo reveló la Fiscalía General de la Nación en la Segunda Mesa por la Vida desarrollada en Apartadó, donde se reafirmó que durante ese periodo hubo un “plan criminal” orquestado por algunos productores de palma.

A través de ese plan criminal se amenazó y obligó al desplazamiento masivo de los pobladores y reclamantes de tierra, con el propósito de “quedarse con extensiones de terrenos fértiles y aptos para su actividad agrícola”.

Según la vicefiscal María Paulina Riveros, las pruebas aportadas demostraron que esas personas incurrieron en los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado.

La Fiscalía también indicó que se adelantan varias investigaciones, pues tiene pruebas contundentes de que líderes y reclamantes de tierras en los dos departamentos sufren fuertes amenazas por los grupos armados ilegales que buscan apoderarse de los antiguos territorios donde hacía presencia la extinta guerrilla de las Farc.

“Hemos advertido que, como consecuencia de estos fenómenos, un sector de la población ha terminado siendo potencialmente vulnerable, son justamente los defensores de  derechos humanos en el Urabá antioqueño y chocoano, donde se han obtenido importantes resultados en el desmantelamiento de la estructura criminal que delinque en los municipios de Chigorodó y Carepa, Antioquia", señaló la vicefiscal.

La Fiscalía anunció, además, que sus investigaciones  advierten que el denominado Clan del Golfo ejerce presencia con diferentes estructuras en la región del Urabá chocoano y antioqueño y ha adoptado un comportamiento similar a los grupos paramilitares.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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