El presidente Santos había anunciado la apropiación de 300 mil hectáreas que estaban en poder de las Farc.   Alejandro Reyes, asesor en el tema de tierras en los diálogos de paz de La Habana, Cuba, y miembro de la Misión Rural, críticó y desmintió los anuncios del Gobierno Nacional donde se afirma haber recuperado cerca de 300 mil hectáreas que estaban en poder de la guerrilla de las Farc, ubicadas en varias zonas de los departamentos de Caquetá y Meta.

A través de una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, Reyes insiste en que esos terrenos no han sido recuperados por el gobierno, ya que “el Estado está lejos de poder hacerlo jurídicamente”. (Lea también: Restitución de Tierras ya no es solo para víctimas de guerrilla o paramilitares)

"Para esos terrenos no está formado el catastro en la zona, no hay condiciones de seguridad para enviar topógrafos a hacerlo, sólo 10 de las fincas pequeñas han sido adjudicadas por Incoder y casi ninguna tiene folio de matrícula en el Registro". Y agrega en la misiva: “Gran parte de la zona es, legalmente, baldíos nacionales ocupados por campesinos desde hace décadas, con derechos consuetudinarios como ocupantes con aspiración a ser beneficiarios de adjudicación, sometidos al dominio territorial de las Farc, quienes han regulado la tenencia informal a favor de quienes acatan su mando y en contra de quienes lo resisten”. El Asesor en los diálogos de paz además señala que el presidente Juan Manuel Santos cometió un error al anunciar la apropiación de esos terrenos, sin tener la certeza de los registros y catastros de la zona. “Creo que usted fue inducido a error grave por el Superintendente de Notariado y Registro, quien lideró la operación, a partir de información de inteligencia militar surgida de los computadores de ‘Jojoy’, que no demuestran propiedad de las Farc sino contabilidad tributaria de las Farc sobre una región bajo su control, dice la carta. “El Incoder, con apoyo de OIM inició en 2013 el estudio de la propiedad en el área y pronto desistió de enviar catastrales y abogados por temor a riesgos de seguridad”, agrega. La carta enviada al Presidente termina argumentando que las tierras en el país que están en poder de los grupos armados o son terrenos baldíos, no pueden recuperarse con una “simple” operación militar. Este es el texto de la carta: SOBRE EXPROPIACIÓN A TIERRAS DE LAS FARC EN MACARENA Y EL YARÍ Presidente: Me sorprendió el anuncio de la recuperación de 285.000 hectáreas de las Farc en La Macarena y los llanos del Yarí porque el Estado está lejos de poder hacerlo jurídicamente. No está formado el catastro en la zona, no hay condiciones de seguridad para enviar topógrafos a hacerlo, sólo 10 de las fincas pequeñas han sido adjudicadas por Incoder y casi ninguna tiene folio de matrícula en el Registro. Gran parte de la zona es, legalmente, baldíos nacionales ocupados por campesinos desde hace décadas, con derechos consuetudinarios como ocupantes con aspiración a ser beneficiarios de adjudicación, sometidos al dominio territorial de las Farc, quienes han regulado la tenencia informal a favor de quienes acatan su mando y en contra de quienes lo resisten. El caso de las 40.000 reses es todavía más dramático, porque era ganado financiado por el Fondo Ganadero del Caquetá, pastando en los potreros de los dueños, que un día las Farc decidió que ya no tenían que rendirle cuentas al Fondo sino a ellas, pues decidieron expropiar al Fondo Ganadero. No fueron producto de abigeato de las Farc, nadie las cambió de potrero, sino que fue un mero cambio contable de acreedor. El gobierno no va a poder recuperar ni una sola res, que los campesinos consideran propia. Creo que usted fue inducido a error grave por el Superintendente de Notariado y Registro, quien lideró la operación, a partir de información de inteligencia militar surgida de los computadores de Jojoy, que no demuestran propiedad de las Farc sino contabilidad tributaria de las Farc sobre una región bajo su control. El Incoder, con apoyo de OIM, inició en 2013 el estudio de la propiedad en el área y pronto desistió de enviar catastrales y abogados por temor a riesgos de seguridad. El Superintendente administra una justicia rogada, que responde a solicitudes de los ciudadanos y las entidades para registrar o cancelar derechos, pero que no puede alterar registros sin un acto originario legal que se lo exija, emanado del Incoder o de los jueces. El mismo Incoder no puede registrar modificaciones en la propiedad si el proceso agrario ha sido demandado ante la justicia contenciosa administrativa y duerme en el congelador del Consejo de Estado. El impacto de esta falsa recuperación simbólica en la negociación de paz es muy negativo, pues les dice a las Farc que el Estado no respetará derechos de tenencia de los campesinos en sus áreas de influencia, en contravía de lo pactado en el acuerdo agrario, que obliga al gobierno a formalizarlos, adjudicarlos, restituirlos y distribuirlos. En síntesis, la tierra en Colombia no puede recuperarse con una operación militar con apariencia precaria de legalidad, sino que debe ser objeto de un ordenamiento integral, que se puede encadenar simultáneamente con la realización del nuevo catastro multipropósito, hecho por barrido territorial, que identifique y alindere todas las áreas de protección ambiental, territorios étnicos, baldíos ocupados para adjudicar, posesiones privadas informales para formalizar, predios para restituir, y finalmente, que identifique los predios susceptibles de clarificación con procesos agrarios, que defina si son baldíos ilegalmente despojados a la nación, o tierras inexplotadas para extinción del dominio, o reservados para usos comunitarios como playones, ciénagas, servidumbres de paso o de interés público para infraestructura. Servidor y amigo, Alejandro Reyes Posada