Aspersión aérea con glifosato no podría retornar sin evaluar lo ambiental: Anla

Rodrigo Suárez, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), dijo que según la ley, se deben tener en cuenta varios factores, entre ellos el ambiental, antes de tomar una decisión para retornar a la política de aspersión aérea con glifosato. 

En reiteradas ocasiones, el ministro de Defensa Diego Molano,  ha asegurado que en abril retornará la aspersión aérea con glifosato para erradicar los cultivos de uso ilícito.  Sin embargo, el director de la Anla señaló, apegado a la ley, que antes, se debe emitir no solo un concepto ambiental sino de salud.

Puede leer: Relatores de la ONU piden a Duque replantear decisión de retomar aspersiones aéreas con glifosato

"La Anla no ha venido participando de muchas de las discusiones que uno ve por medios, cuando los ministros salen y dicen que va a pasar en tal mes (refiriéndose a la aspersión con glifosato). Nosotros no sabemos, porque con el ejercicio de la autoridad, vienen otros ejercicios como tal. Por ejemplo, nuestra evaluación (el Plan de Manejo Ambiental) tiene que ir al Consejo Nacional de Estupefacientes y es esa entidad, es la que aprueba o no la política de aspersión aérea", explicó.

Además añadió que la Anla no sabe cómo va ese proceso de aprobación,  porque afirmó "nosotros somos independientes", igualmente aseguró que están accediendo a la invitación de la Corte Constitucional "de tener transparencia con el proceso".

¿Jurídicamente puede retornar la aspersión aérea sin que haya un componente ambiental?, le preguntó este medio de comunicación al director de la Anla. 

Vea aquí: Argentina supera los dos millones de vacunados y espera la llegada de más dosis

"La ley 30 define que debe haber un concepto técnico ambiental previo, por consiguiente sí existe una necesidad de un concepto técnico ambiental. Así lo dice la Ley 30, definitivamente", señaló la Suárez. 

Cabe resaltar que actualmente, la modificación del Plan de Manejo Ambiental que debe realizar la Anla se encuentra suspendido, tras la decisión del Tribunal Superior del Distrito de Pasto que en enero de 2021, paralizó este trámite por una tutela que interpusieron las comunidades afro e indígenas , según ellos, por no garantizar el derecho a la participación.