Auditoría General pide fortalecer sus competencias para acabar la corrupción

La Auditoría General de la República rechazó los presuntos actos de corrupción evidenciados por la Fiscalía General de la Nación en la Contraloría Departamental de Antioquia y advirtió que esta situación pone en evidencia la crisis del sistema del control fiscal.

Para la entidad, es necesario reformar el sistema, además de urgir a la despolitización de la elección de los contralores en las regiones y eliminar las limitaciones en las competencias de la Auditoría General de la República, para intervenir en los asuntos propios de sus sujetos de control.

El auditor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, explicó que de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política, la entidad es un organismo que vigila la gestión fiscal de la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales del País. A su vez coadyuva a la transformación, depuración y modernización de los órganos instituidos para el control de la gestión fiscal.

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Sin embargo, el alto funcionario enfatizó que “ante la grave crisis del control fiscal en Colombia,  este organismo de control no cuenta con la facultad constitucional y legal para intervenir en las actuaciones misionales realizadas por sus sujetos de control”.

Esto teniendo en cuenta que la Corte Constitucional estipula que la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República le corresponde a la Auditoría, sin que por tal circunstancia ésta pueda convertirse en ente superior, pues la atribución constitucional conferida a la entidad solo se restringe a la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría.

Por lo anterior, la Auditoría no puede invadir la autonomía administrativa, presupuestal y jurídica asignada por la Constitución a la Contraloría, “así como tampoco podrá interferir la función misional que en atención a los artículos 267 a 273 le corresponde ejercer a la Contraloría General, ni interferir tampoco la de las Contralorías territoriales”, menciona el alto tribunal.

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Igualmente, el Consejo de Estado indica que “la vigilancia de la gestión fiscal que ejerce la Auditoría General de la República, tampoco puede estar orientada a efectuar controles sobre la legalidad o juicio de validez de la actuación administrativa de la contraloría vigilada, porque tal competencia es de la jurisdicción contencioso administrativa”. 

Ante esta situación, el Auditor General afirmó que es necesario que el marco normativo y jurisprudencial amplíe el campo de acción la entidad y sus competencias, dado que se evidenció que en este escenario es donde se han denunciado presuntos hechos de corrupción como los recientemente ocurridos en la Contraloría Departamental de Antioquia en donde, a cambio de dádivas, se negociaron hallazgos.