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Avanza investigación en contra de tres funcionarios de espacio público

Fueron capturados por el delito de concusión

Ante la denuncia interpuesta por varios vendedores ambulantes que tienen sus puestos de comercio informal en la carrera 23; se dio inicio a la investigación que arrojó como resultado la captura de tres funcionarios de espacio público, que es una dependencia de la Secretaria de Gobierno.

El caso fue denunciado por los comerciantes que le hicieron saber a las autoridades la irregularidad. Estas personas ocupan unos espacios frente a la Iglesia La Gota de Leche; a este lugar llegaron tres personas de Espacio Público, les solicitaron los permisos respectivos para poder hacer usufructo de este punto, los cuales ellos no tenían.

Según los denunciantes; los dos hombres y la mujer, empleados de la oficina de Espacio Público, les expresaron que para dejarlos trabajar, deberían pagar 50 mil pesos o 250 mil por toda la semana. Afirman los vendedores que la petición fue directa, su versión es que les dijeron que lo pensaran y que por la tarde ellos volvían. Sin dudarlo, los comerciantes informales se dirigieron a las autoridades e hicieron conocer lo que estaba pasando.

Ante la petición directa de la secretaría de gobierno municipal, Paula Andrea Sánchez, se monto un operativo con agentes encubiertos que lograron la captura en flagrancia cuando recibían el dinero, producto de una acción ilegal.

El alcalde Jorge Eduardo Rojas, fue contundente al afirmar que “haremos que se les aplique todo el peso de la ley, serán castigados como lo dice la norma, no podemos permitir ningún asomo de corrupción. Ya tenemos información que son personas que llevan varios años trabajando con la administración y hemos hecho el pedido a la policía hacer la investigación para saber si estos actos indebidos los venían cometiendo desde tiempo atrás”, concluyó el mandatario de los manizaleños.

Los tres capturados por el delito de concusión, están a la espera que les sea definida su situación judicial. Este delito, según el código Penal Colombiano, es castigado con prisión entre cuatro a ocho años y una multa económica de cincuenta a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes.