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El Gobierno Nacional confirmó que avanza por buen camino la reforma que entrega nuevas herramientas a la Superintendencia de Transporte para fortalecer su acciones en contra del transporte informal en todo el país, y de esta manera intervenir en entidades como alcaldías y organismos de tránsito que no persigan la ilegalidad.

El viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos Romero, indicó que se están estructurando las medidas pertinentes para "poner en jaque al transporte informal", que según el gremio de los taxistas se ha disparado en varias regiones.

Estamos reformando la Superintendencia de Transporte para que de una vez por todas la entidad tenga los dientes para intervenir esos entes territoriales que no cumplen con su función constitucional de atacar la ilegalidad”, puntualizó Ostos Romero.

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El viceministro aclaró que se debe insistir en que se cumpla con la ley frente al transporte informal y precisó que “nosotros como ministerio no tenemos la potestad de poder entrar a intervenir pero la Superintendencia de Puertos y Transportes si puede tener la capacidad para que se cumpla la obligación de combatir la ilegalidad en el servicio de transporte”.

El funcionario agregó que “la autoridad de tránsito según el ordenamiento jurídico nacional es el alcalde municipal y en quien él delegue esas funciones”.

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El Gobierno Nacional reveló que en el último trimestre de 2018 las autoridades de tránsito impusieron más de 12 mil comparendos en más de 30 ciudades del país, y la cancelación de 6 mil 500 licencias de conducción por el servicio ilegal de transporte.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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