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C. Constitucional pide cuentas a instituciones para proteger a víctimas de desplazamiento

Ante la Corte Constitucional, los representantes del gobierno y de diferentes sectores del país, entregaron resultados sobre el seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 en la cual se ordenaron políticas públicas para proteger los derechos de la población víctima de desplazamiento forzado en Colombia.

En la presentación, la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, presentó un balance de los avances que se han realizado en esta materia, advirtiendo que las falencias deben articularse con mayor solidez para proteger el goce efectivo de esta población.

"La inversión para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada ha aumentado en un 430%, en términos reales de 2002 a 2014; en términos económicos hasta la fecha más de 507 mil víctimas han recibido la indemnización administrativa, lo cual implica una inversión superior a tres billones de pesos, algo histórico para el país", señaló la funcionaria.

Entre tanto el contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón destacó las acciones que ha venido desempeñando la sala de seguimiento de la Corte Constitucional para proteger a este tipo de población.

Para Maya Villazón, si bien hay avances significativos después de 11 años de expedida la sentencia de la Corte Constitucional, existen falencias relacionadas con la pobreza extrema que vive esta población en comparación con los demás colombianos en el país.

"Los índices de pobreza extrema de la población desplazada que superan los de la población no víctima, lo que quedó demostrado en la encuesta nacional de víctimas de la contraloría de la República que el nivel de pobreza monetaria extrema que para los desplazados es de 35.5% (…) es decir, que por causa del conflicto armado el 11% de la población desplazada se encuentra en peores condiciones que el resto de los colombianos", afirmó el contralor General.

Por su parte el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, advirtió que si bien los avances en materia de salud son importantes como la cobertura para toda la población en situación de desplazamiento forzado, el 92% de ella no recibe una atención psicosocial indispensable por las circunstancias que vivieron por cuenta del conflicto.

"El escenario de mayor preocupación para la Procuraduría es el relativo a la atención para la recuperación emocional y psicológico ya que tan solo el 8.3% de la población objeto de esta medida ha recibido algún tipo de atención, con lo que el 92% de la población que requiere de esta asistencia no la está recibiendo en la actualidad evidenciándose así una carencia de cobertura de los programas diseñados e implementados para tal fin", indicó Ordóñez Maldonado.

No obstante, el procurador General resaltó los avances en materia de educación que el gobierno ha implementado para la población en situación de desplazamiento forzado, en la que indica que el 87.12% de niños, niñas y adolescentes, asisten a algunos de los niveles de educación.

En las intervenciones, la Defensoría del Pueblo considera que no se puede levantar de forma integral el estado de aspectos inconstitucionales frente a la sentencia T-025 de 2004 porque hay falencias de fondo que no se han dado para favorecer la población desplazada en el país.

A esta audiencia asisten los representantes de los Ministerios del Interior, Hacienda, Educación, Salud, Justicia, Cultura; las direcciones de la Policía Nacional, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de Naciones Unidas; varias ONG’s entre otros.