Cancillería presenta queja en ONU por colombianos detenidos en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó una queja formal ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la supuesta detención arbitraria de 59 colombianos en Caracas, Venezuela.

En ese sentido, la Cancillería elevó una nota verbal con destino a Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que expuso el caso de decenas de connacionales que se encuentran privados de la libertad en la estación La Yaguara de Caracas desde el 1 de septiembre de 2016.

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Según la nota diplomática enviada por Colombia, las personas se encuentran en condiciones deplorables, y se ha desconocido una decisión judicial que ordena su libertad desde noviembre de 2017.

“En el documento, la Cancillería explica las condiciones deplorables en las que permanecen estos compatriotas y recalca que a los mismos no se les ha respetado el debido proceso, teniendo en cuenta que un juez ordenó su libertad plena desde noviembre de 2017”, dice un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

“A pesar de las intensas gestiones consulares y diplomáticas, estos 59 connacionales permanecen recluidos en las peores condiciones en Venezuela, por eso, el Ministerio ha pedido a Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que adelante las acciones que estime pertinentes para que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria se pronuncie sobre la situación en mención", añade.

El gobierno del presidente Iván Duque espera que Bachelet adelante los trámites necesarios para lograr la libertad de los colombianos.

Hace varios días trascendió que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dejó sin efecto la sentencia de un juzgado de Caracas que ordenaba, en noviembre de 2017, la liberación inmediata de 59 colombianos que permanecen detenidos.

La instancia del máximo tribunal de Venezuela dio luz verde a la solicitud de revisión de la sentencia, realizada por el fiscal Víctor Hugo Arias Revilla, quien consideró que el dictamen "desnaturalizó e hizo nugatorio" un proceso de deportación que, asegura, ya había sido iniciado.

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Además, ordenó al Ministerio Público y al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería remitir la documentación relacionada, tanto con los ciudadanos colombianos como con la verificación, de "un expediente administrativo relativo al proceso de deportación".