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Militares entregan versión sobre su captura tras muerte de campesinos en el norte de El Cauca

Continúa el segundo día de la audiencia de legalización de captura de los 33 militares que hacían parte del pelotón responsable del retén en Guachené (Cauca), donde el pasado viernes murió el campesino Jhon Eyder Mina Wasá. Aún no se ha decidido por parte de la jueza que conduce la diligencia, si declara legal o no la detención de los uniformados.

Tres soldados y el comandante del pelotón, cuyos integrantes se encuentran en la sala de audiencias como detenidos, explicaron los detalles de la privación de su libertad y el aislamiento al que fueron sometidos en el Batallón Pichincha, en la Tercera Brigada, desde el pasado lunes.

La Fiscalía ha dado cuenta de los elementos que según se dijo han probado el cumplimiento de las normas y la ley durante la detención, en un hecho que tuvo el respaldo de la Procuraduría.

Por su parte, la defensa ha sostenido que la captura fue ilegal pues los soldados permanecen privados de su libertad desde el pasado lunes cuando fueron encerrados en un alojamiento de la Tercera Brigada del Ejercicio.

La juez de control de garantías decidió que escuchará los argumentos de cada uno de los soldados detenidos para decidir sobre la legalidad de la audiencia.

La Fiscalía presentó los elementos con los que contó para hacer efectiva la captura de los 33 militares, un teniente, dos suboficiales y 30 soldados regulares, señalados de ser responsables del asesinato de Jhon Heyder Mina.

La Procuraduría determinó que todas las capturas cumplen con los requerimientos de ley y están ajustadas a las normas, tras revisar cada uno de los procedimientos desarrollados por el CTI durante la detención de los uniformados en las instalaciones de la tercera brigada del Ejército.

Se constató que los 33 militares han declarado que fueron tratados bien y se comprobó que fueron detenidos en el término de las 36 horas antes del inicio de la audiencia que se lleva a cabo en el Palacio de Justicia de Popayán.

Una vez culminada la exposición de la Procuraduría iniciaron las respectivas intervenciones de la defensa entre los cuales se encuentran varios defensores públicos y algunos privados que intentarán demostrar la ilegalidad de la captura.

Luego de esta primera parte de la audiencia de legalización de captura iniciará su intervención la representación de cada uno de los 33 los detenidos.

Esta audiencia contra los 33 uniformados -un oficial, dos suboficiales y 30 soldados-, se desarrolla en Popayán en medio de un fuerte dispositivo de seguridad; en medio de la diligencia se pudo conocer que la fiscal segunda especializada de Popayán, Yazmín Bolaños, es la encargada de adelantar la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra los militares.

Entre los delitos que se expondrían durante la audiencia figuran homicidio agravado y tentativa de homicidio, encubrimiento por favorecimiento y ocultamiento de evidencias.

El gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, destacó que sea la justicia ordinaria la que haya asumido el caso para determinar la responsabilidad en lo que se ha reconocido como un error militar.

La captura

La captura de los 33 militares se llevó a cabo en la sede de la Tercera Brigada del Ejército Nacional en la ciudad de Cali.

La Fiscalía señaló que los uniformados tendrán que responder por los delitos de homicidio en persona protegida en concurso con lesiones en persona protegida y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Según se acordó con las autoridades de Policía Judicial los militares permanecerán detenidos por el momento en una guarnición militar y se está pendiente de que se adelantes las respectivas audiencias de control de garantías, para legalizar sus capturas, imputarles cargos y solicitar las respectivas medidas de aseguramiento.

Por disposición del fiscal general, Eduardo Montealegre, la investigación es cooordinada por la Fiscalía Segunda Especializada de Popayán.

Estas capturas se producen luego que la Fiscalía anunciara que serían llamados a interrogatorio los militares que aparecían involucrados en este episodio.

Según el director nacional de Fiscalías Seccionales y de Seguridad Ciudadana, Luis González León, los investigadores ya tienen bajo custodia las armas y demás elementos recolectados durante la escena de los hechos con el fin de someterlas análisis técnicos especializados, como las pruebas de balística.

El fiscal González señaló que los investigadores han encontrado una serie de irregularidades en este hecho en torno al procedimiento realizado por parte de los militares involucrados.

Dentro de las irregularidades detectadas se advierte que la Fiscalía no encontró registro alguno de que los uniformados investigados hayan reportado los hechos sucedidos con el campesino a las autoridades competentes.

"No hemos encontrado que hayan avisado, ni hayan dado información a ninguna autoridad de ese hecho, entonces ni en la justicia ordinaria, ni en la justicia penal militar encontramos hasta el momento informe sobre ese hecho", dijo González.

La Fiscalía también estableció que se presentaron graves inconsistencias frente a la inhumación del cuerpo del campesino tras ocurridos los hechos.

El fiscal González señaló que "es totalmente irregular, por ejemplo, la inhumación que se hace de este cadáver en una zona rural, despoblada y cercana al sitio donde ocurrieron los hechos, esos retenes".

Las primeras versiones daban cuenta que supuestamente el campesino habría hecho caso omiso a la orden de pare en un retén montado en el sector de Guachené.

Según los primeros relatos, los uniformados del Batallón Pichincha, sin tomar las debidas precauciones e iniciar la persecución de John Heider Mina, dispararon contra él en varias ocasiones.

Por su parte, el comandante de la Tercera Brigada del Ejército, coronel Jorge Iván Monsalve, indicó que los militares fueron sacados de la zona y puestos a disposición de la justicia penal militar para que investigue qué irregularidad se pudo cometer.

Penas de más de 20 años para los implicados

El fiscal general, Eduardo Montealegre, advirtió que ante la gravedad de los hechos los 33 militares detenidos por el caso de la muerte de un campesino en el Cauca podrían llegar a enfrentarse a una pena superior a los 20 años de prisión.

"Nosotros en primer lugar tenemos que indagar si esos homicidios fueron actos o no relacionados con el servicio, si hubo o no en ese momento un verdadero exceso de la fuerza", dijo Montealegre.

De igual forma, sostuvo que otro de los hechos que se investigan está relacionados con el ocultamiento de información que realizaron los militares.

"El otro cargo muy grave es el tema de ocultamiento de pruebas, lo que paso con posterioridad", indicó Montealegre.

No obstante, precisó que no todos los 33 uniformados serán juzgados por los mismos delitos porque las responsabilidades en este caso son individuales.

"Si bien existían más de 30 militares presentes en ese reten algunos de ellos dispararon a los motociclistas, las responsabilidades son individuales", dijo el fiscal general.

Agregó que la Fiscalía en desarrollo del contexto de la investigación tendrá que establecer responsabilidades tanto por el homicidio del campesino como por el ocultamiento de pruebas.