La Fiscalía capturó en una gran redada a 14 personas, entre ellas varios funcionarios judiciales, que hacían parte de un nuevo escándalo de corrupción denominado el ‘Cartel de las Tutelas’.

Este nuevo ‘Cartel’ consiste en una red criminal de la que hacían parte abogados, jueces, servidores públicos y otros particulares que favorecían a narcotraficantes y peligrosos delincuentes.

“Los investigadores evidenciaron que una red criminal al servicio de la delincuencia organizada, compuesta por servidores públicos y particulares, ofrecía beneficios judiciales y maniobras jurídicas para brindarles libertad provisional o definitiva, así como detención domiciliaria, a los delincuentes”, dijo el fiscal General, Néstor Humberto Martínez.

La Fiscalía estableció que esta organización ha venido ejecutando pagos de dineros a servidores públicos de varias instituciones del Estado como despachos judiciales, alcaldías municipales, el Instituto Nacional de Medicina Legal y cárceles municipales.

Allí, a partir del trabajo de abogados contactaban a detenidos en cárceles de máxima y mediana seguridad para trasladarlos a centros de reclusión municipales.

Según el fiscal Martínez, gracias a estos traslados los beneficiaros de esta red criminal “recuperan la libertad a su antojo y no cumplen su pena en las condiciones exigidas por la justicia y por la sociedad”.

“La modalidad utilizada para efectuar este actuar delictivo consistía en la presentación por parte de abogados de acciones de tutelas con sellos de reparto presuntamente falsos, acreditaciones de vecindad ajenas a la realidad, dictámenes médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal que se sustentarían en información falsa, cartas cupos espurias por parte de secretarios de Gobierno y directores de cárceles y certificaciones de testigos fallecidos, entre otras estrategias”, dijo el fiscal general.

La Fiscalía destacó que la gran mayoría de los detenidos que gozaron irregularmente de beneficios purgan penas o medidas por delitos de alto impacto como: concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, homicidios agravados y lavado de activos, entre otros.

“La mayoría de ellos son exintegrantes de grandes carteles, clanes del narcotráfico y estructuras criminales que representan alta peligrosidad frente a la sociedad, u otros actores que a pesar de no estar involucrados con estos grupos al margen de la ley, tienen un poder económico elevado y son personalidades públicas”, señaló Martínez.

Agregó que continúan los operativos para hacer efectivas otras diez órdenes de captura en el Valle del Cauca, contra implicados de hacer parte de esta red de corrupción judicial.