Alcalde de Barrancabermeja, Dario Echeverry Serrano // Foto: Colprensa



Agentes del CTI de la Fiscalía General capturaron en la mañana martes al alcalde de Barrancabermeja (Santander) Dario Echeverry, a su esposa y otros dos funcionarios en el marco de una investigación que se adelanta por actos de corrupción.

El mandatario municipal es investigado por el delito de constreñimiento al sufragante al presuntamente haber realizado diversas maniobras para salir favorecido del proceso de revocatoria que se había convocado el 2 de julio de 2017.

Esta investigación se originó de una denuncia presentada por la Misión de Observación Electoral (MOE), que puso en conocimiento presuntas maniobras engañosas para evitar que los electores fueran a las urnas.

La Fiscalía General cuenta con elementos materiales probatorios, entre los que se encuentran diversas conversaciones que sostuvo el mandatario con otras personas, para evitar que los habitantes de Barrancabermeja salieran a votar.

La vicefiscal general, Maria Paulina Riveros, dijo que en este caso los detenidos se valieron, por ejemplo, de pago de dinero en efectivo, intimidación a empleados y funcionarios, utilización de planes de Gobierno y retención de cédulas.

En una de las conversaciones, Echeverry manifiesta la necesidad de convocar incluso a integrantes de grupos armados ilegales para que impidiera que los ciudadanos participaran en las votaciones.

Los otros capturados son: Christian Juliao Camacho, director del Instituto para el Fomento del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física de Barrancabermeja (Inderba); Jhon Jairo Moros Renales, líder político y Marilyn Núñez Herrera, gestora social del municipio y esposa del alcalde de Barrancabermeja.

Los procesados por este caso deberán responder por los delitos de perturbación al certamen democrático, constreñimiento al sufragante, corrupción de sufragante y concierto para delinquir.

Las audiencias de legalización de capturas y solicitud de medida de aseguramiento se llevarán a cabo ante un juez de control de garantías de Bogotá.