El Tribunal Contencioso Administrativo dio apertura a un trámite por desacato en contra del gobernador Ronald Housni Jaller y del comandante del departamento de Policía, coronel Jorge Mendoza Lizcano, dentro de una acción popular a favor de la Salud, instaurada por Edna Rueda Abrahams y Olga Dickens, el pasado mes de julio. La medida cautelar ordenaba en su momento al operador y terceros aliados, abstenerse de retirar los equipos técnicos necesarios para garantizar la continuidad del servicio de salud, hasta tanto no entrara la nueva administradora de la misma en el departamento. Dicha medida también ordenaba a la Gobernación adoptar los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud propiamente dicho, urgencias médicas, laboratorio, farmacia, UCI, mantenimiento, aseo, esterilización, recolección de residuos peligrosos y vigilancia, todo dentro del principio de integralidad. Por ello se vinculó en el proceso también a la Policía Nacional, como actor importante en la prestación de la vigilancia y seguridad en el hospital departamental; responsabilidad que después de que el Tribunal Contencioso Administrativo escuchara a las partes en audiencia pública del 21 de septiembre de 2017 y las denuncias que se han hecho en ese sentido, concluye que no se está garantizando a plenitud. La respuesta de la representante de la Policía durante la mencionada audiencia fue que, el asunto en sí mismo, se contrae a garantizar de forma general la prestación de los servicios de salud en la isla, situación que no es del resorte o competencia de la entidad policial, lo que encontró el Tribunal como una presunta renuencia de la Policía Nacional a su vinculación en el proceso. Por tanto, la Sala procedió a abrir “incidente de desacato”, con el fin de establecer el cabal cumplimiento de la medida cautelar proferida, tanto a Housni Jaller, en calidad de representante legal de la entidad territorial demandada, como a Mendoza Lizcano, como comandante de la Policía del departamento.