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El pasado viernes 9 de marzo la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Educación, adjudicó el contrato de vigilancia para los colegios oficiales a la empresa Amcovit Ltda.

En esta puja se encontraban 13 proponentes, donde 10 quedaron habilitados, pero fue finalmente la firma antes citada la que se quedó con el contrato $21.700 millones. 

Sin embargo, cuando se pensaba que los inconvenientes con el servicio de vigilancia se habían superado y que la normalidad regresaría a los planteles educativos, se ha presentado un nuevo percance que estaría afectando especialmente a los encargados de la seguridad de los colegios, es decir, los guardias.

Alejandra López, subdirectora de conocimiento de Funcicar, manifestó que previo a la contratación del servicio de vigilancia, el Distrito, Sindicato de Docentes y Sindicato de Vigilantes, había suscrito "un pacto de buena fe" que permitió garantizar la seguridad en los colegios hasta que se adjudicara el contrato, donde uno de los acuerdos era que los "guardias voluntarios" fueran vinculados laboralmente por parte de la empresa ganadora.

Sin embargo, la empresa Amcovit, indicó López, no estaría dando cumplimiento a ese "pacto de buena fe".

"Vemos con preocupación esta situación porque se estarían configurando una serie de delitos como concusión por parte de los servidores públicos que les aseguraron a los vigilantes unos beneficios ilícitos para que lograran trabajar en las instituciones educativas durante el tiempo en el que no se encontraba adjudicado el contrato", expresó.

Lo anterior es confirmado por Eliud Melendez, miembro del sindicato de vigilantes, al señalar que el actual operador del servicio de vigilancia se está "agarrando de cualquier argumento" para no contratar a los vigilantes que cuidaron los colegios por más de un mes cuando se culminó el contrato pasado.

"Se tuvo que dejar los colegios a personas sin experiencia, pero en el mes y pico que estuvieron en los cargos les generó experiencia laboral a favor y ahora que se están presentando para que los contraten, sin piedad las descalifican y les dicen que tienen que tener como mínimo un año de experiencia", afirmó.

Y agregó: "Como exigen eso, si esa gente fue capaz sin un revolver, sin un machete, sin un palo y sin un sueldo, cuidar y no permitir ni un solo robo en ninguna institución educativa. Qué más experiencia, voluntad, entrega se les va a exigir".

El alcalde (e) Sergio Londoño Zurek, sostiene que uno de los aspectos que se le señaló al operador del servicio de vigilancia es que se debía contratar mano de obra local y cumplir con los acuerdos que se pactaron a nivel laboral.

"Queremos que sea mano de obra cartagenera, vigilantes aprobados, que tengan sus certificados debidamente diligenciados y obviamente en el proceso de contratación lo que trataremos es que siempre se priorice a los cartageneros y las buenas labores de nuestra gente", indicó.

De acuerdo con el sindicato de vigilantes, son 1.200 vigilantes los que deben ser contratados para garantizar la seguridad en los colegios oficiales, pero el nuevo operador, con las "nuevas reglas de juego que pretende imponer", estaría dejando por fuera al 80% donde gran parte son los vigilantes voluntarios.

Fuente

RCN Radio

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