Líderes políticos acusan a socios privados de Aguas de Cartagena, empresa que presta el servicio de acueducto en la ciudad, de no invertir en la capital de Bolívar y dejar la responsabilidad solo al Distrito.  En el concejo de Cartagena se debate la prórroga anticipada del contrato de Gestión del Servicio de Acueducto y Alcantarillado, conocido GISSA, otorgada en 2015 por el ex alcalde Dionisio Vélez que permitirá que Aguas de Cartagena opere en la ciudad hasta el 2034. Esta intención causa malestar entre líderes políticos. Para David Múnera, veedor ciudadano y ex concejal, se trata de un negocio que no beneficia a la ciudad: “Lo que han hecho es ampliarle el negocio a estos señores, sus utilidades ellos se las llevan para España y nosotros reinvertimos la plata en Cartagena. No invierten ni un peso”. Aunque los cabildantes reconocen que el servicio es óptimo, advierten que dicha prórroga solo debe ser autorizada por el Concejo: “Consideramos que hay una anomalía porque esto fue creado mediante un acuerdo. El Concejo fue quien creó esto y es el Concejo quien tiene que dar las facultades para poder continuar o no”.  Ante el cuestionamiento, Jhon Montoya, gerente de Aguas de Cartagena, explicó que así fue establecido en su momento: “En el contrato de gestión que celebró Aguas de Cartagena con el Distrito en el año 1995 se estableció que todas las obras de expansión las debía hacer el distrito de Cartagena”. Y aunque el funcionario asegura que las tarifas son acordes, algunos cartageneros no se sienten satisfechos: “Me parece exagerado que en un mes que me ausenté de mi vivienda me llegó la factura por 40 mil pesos, es demasiado alto”. Por el momento los concejales buscarán darle reversa a la ampliación de ese contrato, mientras la Fiscalía determina si hay anomalías. Por su parte, los cartageneros esperan que el servicio de agua potable no sea unos de los más costosos del país. El Centro de Estudios del Trabajo Capítulo Cartagena cuestiona que dicho acuerdo haya sido aprobado a pesar de que “de las 600 mil acciones que conforman el capital de dicha empresa, 300 mil son de la ciudad y 275 mil acciones son de la Multinacional Francesa Suez, quien adquirió recientemente las acciones que eran de propiedad de la Transnacional española Aguas de Barcelona(AGBAR).” El Contrato GISSA fue aprobado en Cartagena mediante el Acuerdo 05 de 1994, al crear la sociedad de economía mixta Aguas de Cartagena (ACUACAR), y determinó que las inversiones necesarias que se realizarían para la prestación de este servicio tendrían que ser financiadas por el Distrito de Cartagena y la nación exclusivamente.