Amenazan de muerte a habitantes de Las Pavas, en el sur de Bolívar

Una delicada situación de seguridad, que se podría convertir en un nuevo caso de desplazamiento forzado, se está presentado en la comunidad de Las Pavas, en donde varias familias están siendo objeto de una serie de intimidades por parte de un grupo que ha incursionado en la población y que alega ser los propietarios de los terrenos donde funcionó la antigua hacienda, ubicada en el municipio de El Peñón, sur de Bolívar.



El último incidente se presentó en la zona de Las Quintas, uno de los tres sectores que conforman Las Pavas, en donde una de las familias que retornaron a estas tierras a través del proceso de reparación que viene desarrollando la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), recibió un ultimátum para abandonar sus parcelas a cambio de no atentar contra sus vidas.

Así lo confirmó a RCN La Radio el director de la seccional Bolívar de la UARIV, Artuzo Zea, quien visitó Las Pavas para verificar las condiciones de seguridad de las 140 familias que en la actualidad conforman la vereda y que sienten temor de que la violencia nuevamente los saque de sus tierras.

"En la zona de Las Quintas, allí hay cuatro familias de retornados y se actuó contra una de estas, diciéndole que tenían que salir, que iban a proceder a matar a una quinta persona porque esa persona ya había matado a cuatro. La gravedad de las intimidaciones, de las amenazas, de las palabras, llevó a que toda la comunidad, que son cerca de 140 y que residen muy cerca al corregimiento de Buenos Aires, de jurisdicción del municipio de El Peñón, en pleno Brazuelo del Papayal y luego llegó la Policía, lograron hacer presencia y estas personas se retiraron", expresó.

Indicó el funcionario que los habitantes de Las Pavas le informaron que las personas que están causando zozobra en la comunidad, al parecer, serían antiguos trabajadores de la empresa palmera Aportes San Isidro, hecho que descartaría las intimaciones provengan de organizaciones al margen de la Ley. Sin embargo, Zea manifestó que solicitarán a las autoridades correspondientes investigar la situación y se tomen las medidas pertinentes para garantizar la seguridad en la zona y evitar incidentes que terminen de derramamiento de sangre.

"Encontramos una situación de tranquilidad. Sin embargo, los ánimos están bastante exaltados, la comunidad dice que nunca habían llegado las amenazas al extremo que se han planteado y nos corresponde expresar a las autoridades, a la Fuerza Pública, a tomar medidas porque se está causando una grave afectación. El Presidente Santos ha dicho que la Ley de Víctimas debe continuar su aplicación y que ninguna persona enfrentarse ni entorpecer la aplicación de la Ley porque las víctimas tienen sus derechos, la Corte Constitucional así lo ha establecido y en consecuencia hay unas obligaciones muy claras que hay que cumplir", aseveró.

Según el director seccional Bolívar de la UARIV, en los dos años que lleva el proceso de reparación y retorno a Las Pavas, se han reportado 18 intimidaciones contra sus habitantes, que van desde quema de casas, cosecha, afectación a maquinaria hasta agresión física.

"Nosotros como Unidad de Víctimas, la Unidad de Protección, la Defensoría del Pueblo del Magdalena Medio, hemos venido brindándoles ayuda dentro de nuestras respectivas competencias. La Unidad de Protección brinda protección a los lideres de esta comunidad, así mismo la Defensoría ha presentado varias acciones constitucionales (...) se han hecho muchos avances pero no hemos podido garantizar a plenitud la seguridad y como hemos podido verificar con los hechos que ocurrieron", puntualizó.