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Foto: Referencial de Archivo de Internet.


Cartagena, una de las ciudades turísticas más importantes del país tiene cuatro peajes internos. Un polémico contrato que ya empieza a causar malestar por su larga permanencia.


Un informe de la Contraloría Distrital reveló que la Concesión Vial de Cartagena, operador privado de cuatro peajes internos, ya obtuvo todas las ganancias previstas y el contrato con la alcaldía debía acabarse. El documento desató opiniones de gremios, políticos, académicos y veedores de la ciudad exigiendo respuestas. Pese al júbilo que despertó esa conclusión en los ciudadanos, aún no se perciben cambios.


David Castro, un taxista cartagenero que frecuenta esas casetas de peaje, le exigió a la administración distrital tomar decisiones tras el resultado del informe del organismo de control, “quedaron que el cobro era hasta el 2017 de enero, es la hora y van corrido más de seis meses y siguen cobrando el peaje, esa plata se pierde”.


Aunque no hay decisiones de fondo de la alcaldía, los ciudadanos emprendieron dos  iniciativas, una recolección de firmas digitales que buscará respaldo del Ministerio de Interior y una recolección de firmas físicas con aval de la registraduria para lograr el desmonte de los peajes que algunos ya no reconocen como legal. (Lea aquí: Con firmas físicas y virtuales, grupos de cartageneros buscan desmontar los peajes internos)


En el peaje de Manga, cerca al Puerto de Cartagena, un conductor fue sancionado por un agente de tránsito por volarse el peaje. Para el ciudadano, ese cobro ya no era legal, “mi hermano eso es un robo, ¿dónde está reglamentado que eso debe seguir funcionando? ¿dónde está qué es legal?”, le dijo al servidor público.


Por eso Fibian García, un veedor que se identifica como superhéroe que pretende salvar a Cartagena de los peajes, manifestó que los gobernantes deben evaluar otros mecanismos para financiar las obras: “estamos en una ciudad donde los peajes se han vuelto el pan de cada día, cualquier obra, cualquier iniciativa buscan financiarla con peajes”.


Un análisis de Cedetrabajo y Justicia Tributaria propuso que la alcaldía debe asumir directamente el contrato. Leonardo Jiménez, coordinador de investigación, agregó que el contrato no beneficia al distrito, “Cartagena le entregó al operador privado 27 kilómetros de vía públicas y el distrito no recibe nada de contraprestación económica”.


La revelación del ente de control también provocó que el concejo y personería le exigieran respuestas a la alcaldía. William Matson, el personero distrital, dijo que le preocupaba ese hallazgo porque podría estar afectando a los cartageneros: “Me preocupa mucho que se esté diciendo que los cartageneros están pagando unos peajes que no deberían pagar. En el eventual caso, hay que pedir que se liquide ese contrato”. (Lea aquí: Registraduría autoriza recolección de firmas para ‘tumbar’ peajes de Cartagena)


René Osorio, representante legal del consorcio, indicó que contraloría desconoce el modelo financiero del contrato y los auditores de organismos de control lo buscaron para pactos fraudulentos, “me abordaron para expresarme que a ellos (los auditores) le había hecho conejo, que a ellos le habían pedido que estructuraran un informe y que armaran una auditoría con esas condiciones y se encontraran estos hallazgos”.


El representante legal añadió que los auditores le explicaron cómo podrían ejecutar dicho acuerdo fraudulento, “y dijeron que se levantaba un acta. El señor Eduardo del Río, dijo que: "Nosotros tenemos la fórmula, y era trasladar el ingreso positivo (ganancias) al segundo año sin aplicarle la rentabilidad. Es decir nos iban a premiar, que íbamos alcanzar la tasa interna de retorno un año más”.


Vivian Eljaiek, gerente de la ANDI Seccional Bolívar, dijo que ese contrato de concesión es esencial para el desarrollo económico de la ciudad: “no podemos dejar abandonada la operación del corredor de carga. Desde el punto de vista de la conectividad y mejora de la vías, hay una APP que está formulada y presentada para la ampliación del corredor de carga es necesaria y va ligada a la concesión de los peajes, de manera que iría del desarrollo que se quiere para la zona industrial”.


En julio de este año, varios meses después de la presentación del informe, el Departamento Administrativo de Valorización anunció un análisis financiero del contrato de concesión que duraría unas tres semanas. Carlos Carmona, director de la entidad, aún no revela dichos resultados, y los cartageneros siguen pagando con recelo los peajes.