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Protestas en contra de la adjudicación del proyecto del Canal del Dique en Bolívar
Cortesía

El próximo jueves 4 de agosto, se llevará a cabo la adjudicación y contratación de la APP del Canal del Dique, la cual sigue generando polémica en distintos sectores. Las poblaciones asentadas en las orillas a este canal que bordea los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre, se ha mostrado en contra del proyecto de infraestructura.

Por tal motivo, las comunidades negras y raizales de Soplaviento, Gambote y Calamar en Bolívar, se tomaron las vías en protesta ante la falta de diálogos y mesas de concertación sobre este megraproyecto.

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Adil Meléndez, abogado y vocero de estas comunidades, señaló que, desde el Gobierno nacional no se dio participación ambiental a los habitantes que se ubican a las orillas del Canal del Dique.

“Estamos ejerciendo este derecho, el de la movilización social, a raíz de que Martha Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República, única dueña y propietaria de este proyecto; tuvo tiempo para presentarlo en foros, para pasear por todo el canal, presentárselo a la comunidad internacional, pero no garantizó el derecho a la participación ambiental de más de 50 comunidades, fueron excluidas de esa participación, ninguna entidad territorial, ni corporación autónoma, ni ministerio público conoce este proyecto”, indicó Meléndez.

“En mesas socioambientales que realizamos logramos empoderar a todas las comunidades en octubre del año pasado, en esta se determinó que este proyecto no lo conocía nadie, excluyeron los derechos de consulta previa, compraron a algunas comunidades y líderes en los procesos de consulta y evitaron el licenciamiento ambiental”, agregó el vocero.

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Meléndez agregó que “como no nos vamos a oponer si no hay un protocolo de inhumación de los miles de cadáveres que están en el Canal del Dique. Hablo con los excomandantes que actuaron aquí, he conversado con cientos de víctimas y no hay un protocolo de exhumación y hay una medida cautelar adelantada por la Junta del Cimarronaje, ante esas falencias de corrupción de violencia e incumplimiento de los principios de consulta previa, la exclusión de las comunidades de la participación ambiental, la corrupción del proyecto y el desconocimiento que se tiene de esta megaobra”.

Reiteró que muchas comunidades fueron 'compradas' para que dijeran que se realizaron las consultas previas. “Tenemos denuncias penales, no había profesional técnico especializado en dichas consultas. Dejaron dos mil millones de pesos en las comunidades para ver si algún día las recibían”.

Los manifestantes pidieron que nuevamente se socialice el proyecto que es importante para el país, para evitar que existan falencias que puedan afectar a cientos de familias.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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