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El contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, reveló la intervención funcional sobre dos contrataciones en el Distrito de Cartagena, la primera de ellas para el suministro de insumos sanitarios por un valor de 1.215 millones de pesos.

La segunda contratación tiene que ver con la compra de 10.000 pruebas rápidas para el diagnóstico de la COVID-19, que asciende a los 725 millones de pesos.

“Respecto al suministro de pruebas rápidas para la atención de la COVID-19 y la adquisición de insumos médicos, en el distrito de Cartagena se ha generado en este caso dos alertas; la primera es la resolución 832 que tiene que ver con un contrato de 725 millones de pesos por la adquisición de pruebas rápidas que se está investigando por sobrecostos”, dijo el contralor delegado, Luis Carlos Pineda.

Refiriéndose a una segunda resolución del órgano de control, Pineda dijo que “se está hablando de la adquisición de suministros e insumos sanitarios cuando efectivamente está asociado a unas denuncias que se han presentado debido a situaciones por sobrecostos”.

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Ambos procesos contractuales son con la misma empresa: Ventas Distribución y Marketing Ltda. “Estamos hablando del mismo contratista que es el que facilita la entrega de las pruebas rápidas y los insumos sanitarios; estas dos contrataciones juntas suman más de 1.800 millones de pesos y de lo cual las denuncias tienen que ver con temas asociados a presuntos sobrecostos y por eso le estamos haciendo seguimiento”, aseveró Pineda.

Agregó que “lo anterior relacionado a temas de la salud y esto ya se encuentra sometido a una reserva, ya que se trata de hechos sometidos a una investigación dentro de una indagación preliminar o un proceso de responsabilidad fiscal”.

Además, dijo que el tema de pruebas rápidas ha sido un debate a nivel nacional porque efectivamente deben guardar una coherencia con el Invima, el Instituto Nacional de Saludad y además se hace necesario acogerse a un esquema de precios determinado y preciso.

El contralor delegado para la Participación Ciudadana también se refirió al control que se ha hecho sobre la red hospitalaria en Cartagena, toda vez que desde anteriores administraciones se ha incumplido con el compromiso de adecuación e infraestructura en los centros de salud.

“Realizamos las intervenciones y audiencias con las veedurías ciudadanas que han sido activas, con el propósito de sacar adelante algunos temas de control social que tiene que ver con la red hospitalaria en esos contratos que se celebraron en 2014 en anteriores administraciones”, añadió.

“Todo esto con el propósito que efectivamente se pueda trabajar desde el control fiscal participativo y por vía también de la prevención; hemos trabajado en algunas soluciones que tiene que ver con la red hospitalaria en cerca de 100.000 millones de pesos, esto por parte del distrito de Cartagena”, enfatizó.

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A la fecha se han realizado audiencias donde efectivamente se ha logrado una articulación con el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, el Distrito de Cartagena a través de su secretaría de infraestructura y departamento de salud para hacerle seguimiento a los centros asistenciales que hoy por hoy no están funcionado en la ciudad.

“Con el fin de que no se olviden que efectivamente esas inversiones que se desarrollaron por un proceso contractual, pueda tener una red hospitalaria y cuente con una materialización de cerca de 10 hospitales dentro de la ciudad”, aseguró Pineda.

Por otra parte, la Contraloría Distrital emitió un oficio donde cuestiona el acto administrativo de declaratoria pública en el Distrito de Cartagena.

Es insuficiente, bajo el entendido que en sus considerandos no se indica los hechos puntuales y explícitos que a nivel Distrital, dan origen a la declaratoria de calamidad pública; y solo se restringe a citar la situación internacional y nacional, pero ni siquiera se indican los casos que ya para ese momento tenía la ciudad y la crisis de la red de salud pública”, dice el documento.

“En este sentido la Contraloría, a través de su equipo de atención integral a la COVID-19, estableció que el acto administrativo que declara la calamidad pública presenta falencias estructurales bajo el entendido que no establece los hechos fácticos constitutivos de calamidad pública en el distrito, solo se limita a referirse a las circunstancias internacionales y nacionales del Covid-19, pero no se adecua a la situación actual del distrito”, preciso el contralor distrital Freddy Quintero.

Según Quintero, el grupo que corresponde a la unidad asesora de contratación y oficina jurídica, maneja debilidades. “se nota falta de tecnicismos y de conocimientos que han conllevado a un manejo irregular de la situación administrativa y de la atención del mismo”.

Por último advirtió que, de todas las actividades que priorizó el Distrito para contratarse con cargo a los recursos del traslado presupuestal, no fueron incluidas actividades como el fortalecimiento de la red hospitalaria que según las actas de reunión del Consejo de Riesgo Distrital, se encuentra en crisis.

Lo anterior comparándolo con otras ciudades del país que priorizaron la atención hospitalaria frente al aumento  en casos de contagio de Covid-19.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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