Contraloría investiga a Hospital Local Cartagena  por presunto detrimento patrimonial

La Contraloría Distrital de Cartagena encontró, tras una auditoría, que el Hospital Local Cartagena de Indias durante la vigencia del 2017 pagó 1.950 millones de pesos a la Clínica Regional de la Costa - Crec, a pesar que la deuda era por 912 millones y las facturas por concepto de servicios médicos estaban en un litigio judicial, lo que representa para el ente de control un presunto detrimento patrimonial superior a los 1.000 millones, que actualmente está investigado. 

“La suma que adeudaba el contratista, que era 912 millones, fue pagada con intereses que se estaban debatiendo ante un juzgado de la ciudad, que no fueron sometidos al comité de conciliación. Adicional a eso, se saca la plata de manera directa y sin que exista acto administrativo que justificara porque se pagaba esa plata. Generando un total de pago por casi 2.000 millones de pesos que no han sido justificados” indicó Freddy Quintero, contralor distrital de Cartagena. 

Según la comisión auditora del organismo de control, mencionado pago no se efectuó a través de una instancia adecuada como el comité de conciliación judicial, aseguró que el Hospital Cartagena de Indias no consideró esa figura que le permitiera renegociar los montos adeudados o plantear descuentos, “en su totalidad los dineros adeudados de los servicios médicos de urgencias, hospitalarios, consulta externas, odontología, laboratorio clínico, promoción y prevención y de farmacias".

En el informe de la auditoría al centro hospitalario tampoco se evidencian documentos soportes del acuerdo al que llegaron las dos entidades, “llama la atención que esta suma se haya pagado sin que existiera certificado de disponibilidad presupuestal como tampoco registros que son documentos que son necesarios para el tema del pago de obligaciones contractuales cuando son entidades públicas” agregó el contralor distrital.

Roque Bossio, actual gerente de la Ese Hospital Cartagena de Indias, agregó que durante el año donde se habría cometido la irregularidad hubo tres gerencias (Verena Polo, Mónica Jurado y Álvaro Ruiz Campillo), y que el proceso fiscal que adelanta contra el organismo de control recae sobre este último.